Por Lorena Hak

Con la mora en alza y el crédito al consumo bajo presión, avanzan en el Congreso y en varias provincias proyectos para reestructurar deudas de familias con bancos y fintech. Mientras Toto Caputo apuesta a que la baja de la inflación y de las tasas ordene el mercado, crecen las iniciativas para aliviar pasivos de los hogares.

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Distintos sectores comenzaron a buscar alternativas para resolver el sobreendeudamiento de las familias para consumos elementales, en un contexto de tasas elevadas y caída del poder adquisitivo.

Según un informe de la consultora 1816 elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), la irregularidad en los préstamos del sistema financiero a familias alcanzó en enero el 10,6%, tras subir 1,3 puntos porcentuales respecto de diciembre. El informe destaca que la mora viene aumentando "desde octubre de 2024 y que se trata de niveles no vistos en más de dos décadas".

El fenómeno es generalizado: las 25 principales entidades financieras del país registraron aumentos de mora en los créditos a hogares, lo que sugiere que se trata de "un fenómeno macroeconómico más que de políticas de crédito individuales", según la consultora.

La situación es todavía más crítica en el crédito no bancario. En el mismo informe se indica que la irregularidad en préstamos de entidades no financieras superó el 27%, mientras que el crédito de bancos y financieras a familias ronda los $63 billones, frente a menos de $13 billones de proveedores no financieros.

Tasas que no ceden

En ese contexto, el peso de las tasas también aparece como un factor clave. El relevamiento señala que en febrero un préstamo personal promedio en entidades financieras tenía una Tasa Nominal Anual (TNA) de 69,7%, equivalente a una TEA nominal de 96,8%, mientras que en entidades no financieras la tasa podría alcanzar una TEA de 251%.

La deuda de las familias impulsa proyectos en el Congreso y provincias para contener una situación de emergencia

La consultora LCG también advirtió sobre el deterioro de los indicadores crediticios. Según su informe, a diciembre la irregularidad en préstamos personales alcanzaba 12%, en tarjetas de crédito 8,5% y en adelantos en cuenta casi 5%, ratios que desde el sector bancario señalan que siguieron subiendo durante enero y febrero.

El Gobierno relativiza el problema

El ministro Caputo sostiene que la situación debería normalizarse a medida que continúe el proceso de desinflación. “El problema de la morosidad de las tarjetas de crédito y de los descubiertos se va a ir acomodando a medida de que baje la inflación y los bancos bajen la tasa de interés”, afirmó en declaraciones televisivas en TN.

El funcionario agregó que la solución pasa por profundizar el rumbo del programa económico: “Hay que seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando”.

Caputo vinculó el aumento del problema a la suba de tasas registrada durante 2025. “Esto es un coletazo del ataque político del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tienen y tuvieron dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”, señaló.

Sin embargo, advierten que el propio proceso de desinflación puede complicar el repago de las deudas. El informe de 1816 explica que, como muchos créditos personales se toman a tasa fija y tienen una duración promedio de 2,5 años, una caída rápida de la inflación puede hacer más difícil el repago para los hogares porque ya no se "licúa" la deuda.

Proyectos en el Congreso

Frente a ese escenario, comenzaron a aparecer iniciativas legislativas orientadas a crear mecanismos de desendeudamiento. Los diputados nacionales Natalia Zaracho e Itai Hagman, de Fuerza Patria, presentaron el proyecto de Régimen Esencial para el Desendeudamiento (RED), que propone crear un mecanismo nacional para auditar y reestructurar las deudas de hogares en situación crítica.

Zaracho sostuvo que el fenómeno responde a un problema estructural. “No es casualidad, es un modelo que está reventando a las familias”, señaló. Los legisladores plantearon que el objetivo del proyecto es crear herramientas para que los hogares puedan reordenar sus pasivos. “Presentamos un proyecto de ley para ayudar a las familias a salir de la catástrofe crediticia”, indicaron.

Otra iniciativa fue presentada por la diputada Roxana Monzón, también de Fuerza Patria. El proyecto propone crear el Programa Nacional de Alivio Financiero y Desendeudamiento Familiar.

Según explicó la legisladora, la iniciativa busca “una respuesta a la crítica situación de sobreendeudamiento que atraviesan las familias argentinas”, que definió como “uno de los principales factores de vulnerabilidad social y un freno estructural para la recuperación económica”.

También el extitular de la Aduana, Guillermo Michel impulsó un proyecto para crear un Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, que permitiría a personas jubiladas, trabajadoras, monotributistas y beneficiarias de planes sociales acceder a créditos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para cancelar deudas con tarjetas, plataformas y operadores financieros.

“Esta situación de ingresos bajos, gastos fijos altos y encarecimiento del crédito llevó a la gran mayoría de la sociedad a una situación de endeudamiento que presiona la capacidad de consumo, incluso de alimentos”, sostuvo Michel ante la consulta de Letra P.

Provincias y bancos también lanzan programas

Mientras se discuten iniciativas en el Congreso, algunas provincias y bancos comenzaron a impulsar programas propios para aliviar la carga financiera de los hogares.

La presidenta del Banco de Corrientes, Laura Sprovieri, anunció junto al gobierno provincial un plan de desendeudamiento por más de $130.000 millones, destinado a familias y empresas. “Es una medida de alcance y características inéditas en el país, pensada para acompañar a miles de familias y empresas en un momento clave”, señaló Sprovieri.

El gobierno de Santa Fe también trabaja en un programa similar. El gobernador Maximiliano Pullaro adelantó que presentará un plan de desendeudamiento para empleados públicos y jubilados, con la participación de entidades financieras.

En paralelo, algunos bancos comenzaron a ofrecer productos específicos para refinanciar deudas. El Banco Ciudad, por ejemplo, lanzó un crédito para cancelar expensas atrasadas de hasta tres meses, con montos de hasta $1.500.000, plazo de tres a 18 cuotas y una TNA de 60%, según informó la entidad.

El endeudamiento como deterioro social

El crecimiento de la deuda familiar también aparece vinculado al deterioro de los ingresos. Según datos del propio Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), difundidos en el marco del Día Internacional de la Mujer, el 34,4% de los hogares de bajos ingresos con jefatura femenina recurrió a préstamos familiares, frente al 23,5% de los hogares con jefatura masculina.

En algunos sectores laborales la situación se volvió especialmente crítica. El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) impulsa desde 2019 un plan de desendeudamiento para personal docente, iniciativa que volvió a cobrar fuerza ante el deterioro reciente de los ingresos.

“Vemos situaciones que antes no eran frecuentes, como docentes que tienen que comprar alimentos en cuotas para poder sostener el consumo básico”, afirmó el secretario general del gremio, Horacio Catena.

El dirigente agregó que la situación financiera de las personas trabajadoras se volvió cada vez más delicada: “La mayoría de la docencia tiene comprometido más del 50% de su salario en deudas y en algunos casos ese porcentaje llega incluso cerca del 90%”.