La presidente del Colegio de Magistrados destacó la necesidad de diálogo entre el Senado y los integrantes del Consejo de la Magistratura. Ponderó la labor de los representantes de la institución que evalúa y selecciona a los futuros funcionarios del Poder Judicial.

El jueves pasado, el Senado provincial decidió frenar el tratamiento del pliego de un postulante a un cargo judicial en Saladas. El cuerpo tomó tal decisión luego de que un par de sus integrantes protestaran por la falta de remisión, por parte del Consejo de la Magistratura, de la totalidad de los antecedentes de los candidatos que propone. Tras el incipiente cortocircuito entre la Cámara alta provincial y la Justicia correntina, la presidente del Colegio de Magistrados, Analía Durand de Cassis, señaló que es imprescindible el diálogo entre las partes y negó que existiera un conflicto entre estos poderes del Estado.

El Consejo de la Magistratura es la institución responsable de la evaluación de los postulantes a cubrir cargos judiciales. Está presidida por el titular del Superior Tribunal de Justicia y está integrado por representantes de los magistrados, de los abogados y de la Facultad de Derecho. Tras la selección, eleva una terna al Gobernador para que éste elija a uno y envíe el pliego al Senado para que dicho cuerpo parlamentario le preste Acuerdo.

Los senadores apuntan al Consejo de la Magistratura por la falta de remisión del total de los antecedentes de quienes se postulan a cubrir cargos judiciales, no sólo los personales y los profesionales. Ante lo que apuntan como un incumplimiento, los legisladores incluso amenazaron con frenar el tratamiento de los futuros pliegos de los candidatos a cargos en la Justicia.

Durand de Cassis recordó que las funciones y obligaciones del Consejo de la Magistratura están contempladas en la Constitución provincial (en sus artículos 194, 195 y 196) en la ley 5849 y en el reglamento interno. “Si el Senado considera que se ha incumplido en algún aspecto, lo primero que debe generar son las instancias de diálogo”, comentó la titular del Colegio de Magistrados.

Tras considerar que confía en el sentido común y en la prudencia de las partes, apuntó que entiende que los integrantes del Consejo de la Magistratura tendrán un pronto encuentro para evaluar el tenor de los reproches del Senado.

“Los profesionales que trabajan en el Consejo de la Magistratura lo hacen ad honorem con el único interés de que funcionen las instituciones republicanas”, agregó luego Durand de Cassis.

Actualmente, el Senado tiene en su poder dos solicitudes de Acuerdo. Por un lado, está previsto para el 31 de marzo la Audiencia Pública en el trámite de la designación de Guillermo Rubén Barry para el cargo de Fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores Nº2 en Goya. El otro expediente es el que el jueves el Senado frenó (quedó retenido en Secretaría en lugar del habitual giro a la comisión de Poderes para evitar que empiece a correr el plazo de 45 días que establece la Constitución para su tratamiento). Corresponde a Ramón Francisco Romero para el puesto de Juez de Instrucción y Correccional de Saladas.

Además, el Consejo de la Magistratura giró este jueves al Ejecutivo Provincial la terna para cubrir el Juzgado Civil Comercial y Laboral de Paso de los Libres. Los tres propuestos son Diana Kozoriz, Mariel Verón y Rosa Batalla. El Mandatario tiene 15 días para seleccionar a quién de las tres propondrá al Senado.