La normal cobertura de las trazas Mendoza-Córdoba, San Rafael-Córdoba y Mendoza-Capital Federal, acordada hace cinco años en un contrato de gerenciamiento del servicio que los ex-dueños de Expreso Uspallata delegaron en Andesmar SA es el principal capital en riesgo, más allá de los intereses económicos de las firmas involucradas, en un conflicto judicial que amenaza con salir de los límites de Mendoza.

Es que tras ser sobreseído de una denuncia por estafa Roberto Guardati, el anterior propietario de Expreso Uspallata, el gerenciante advirtió que apelará en el fuero federal por la causa en la que está involucrada el actual titular de la empresa, el grupo Vía Bariloche.

Todo se remonta al año 2005, cuando Mauricio Badaloni, de Andesmar-Tramat, suscribió un convenio con Guardati para que su empresa se hiciera cargo, a cambio de un canon, de las trazas nacionales que hasta ese momento era responsabilidad de Uspallata, actualmente en concurso de acreedores.

La acusación de no haber consumado ese compromiso, y varias cartas documento que notificaron la rescisión del acuerdo, aún en medio de la compra de la sociedad por parte de Vía Bariloche, fueron los elementos ponderados en el dictamen absolutorio que la jueza de Garantías del Tercer Juzgado de la 1ra Circunscripción, María Alejandra Mauricio.

Tras despegarse del conflicto que ahora se concentra entre el grupo empresario porteño y Andesmar-Tramat, el mismo Guardati aseguró además que "tras la venta de las acciones ningún integrante de la familia Guardati integra el directorio de Expreso Uspallata SA", destinatario de la demanda penal por estafa presentada en su momento por Badaloni.

Ante esto, el mismo Badaloni confirmó a Los Andes que, de ser necesario, seguirá la vía de la apelación hasta llegar a la Corte Suprema para neutralizar lo que considera una táctica irregular de Vía Bariloche en connivencia con Guardati: negar la existencia de la concesión para posicionarse como competidor en Mendoza.

Por eso, los asesores legales de Tramat-Andesmar tienen ahora como premisa reunir pruebas suficientes para llevar ante los estrados de la Justicia Federal, entre ellas una exposición dirigida al secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi que plantea el accionar de Vía Bariloche ha sido reiterado en otros puntos del país.

Al respecto, el apoderado del grupo denunciado, Ricardo Rosso, no intentó disimular la posición de sus representados: "Se creen (por Badaloni) dueños de Mendoza; de la voluntad de los funcionarios y de la Justicia, es por ello que hacen lo que hacen; y no cuentan que se hacían los distraídos cuando entraron en Bariloche, Neuquén, y el Alto Valle de Río Negro, zonas que son nuestro fuerte; a nosotros nunca se nos ocurrió procurar impedir su expansión porque estamos acostumbrados a competir".

Expresiones al margen, lo cierto es que en la resolución del expediente Nº P-21.926/09 la jueza Mauricio se basó en lo que considera "incumplimientos contractuales recíprocos".

Se trata del "pago de una tasa de 2% de la recaudación mensual del servicio, modificado por el acuerdo de abonar una suma de $ 200 mil por todo concepto, por un lado, y la rescisión "sin motivo ni fundamentación real, en detrimento de los derechos del mandante y comprometiendo la continuidad y eficiencia en la prestación de un servicio público esencial".

En su descargo acerca de la supuesta rescisión del contrato, Badaloni lo calificó de una "estrategia" urdida tras la aparición de Vía Bariloche en escena. "En todo caso- completó- de haber incumplimiento, el bien protegido, el mismo usuario, es quien debería denunciarlo ante la Comisión Reguladora del Transporte".