El gremio que agrupa a la mayoría de los docentes, exigió que aquellos psicopedagogos que no están matriculados al Colegio puedan ocupar cargos en la docencia pública, tal como lo establece la ley que se votó por unanimidad en el año 2009.

Así lo reclamaron Claudia Fernández y Mabel García, en representación de la Unión de Trabajadores de la Educación, ante un planteo del Colegio de Psicopedagogos que encontró eco en el Poder Judicial de Pico, que dictó un “no innovar” que impide la titularización por parte de quienes no formen parte de ese Colegio.

Las representantes del Colegio privado -que con esta movida pretenden que haya espacio en las escuelas únicamente para quienes son sus colegiados- son ex funcionarias del Ministerio de Educación, durante la gestión de Juan Víctor Bensusan, Alejandra Ramborger y Dorimi Chirino. “Es sospechoso”, dijeron Fernández y García.

La situación se da en un contexto donde es notable -planteó el gremio- el agravamiento de la problemática que hace necesaria la intervención de estos profesionales y el “poco recurso humano” que hay en áreas como los Centro de Apoyo Escolar (CAE).

El conflicto

Una ley del año 2005 (la 2.144) prohibía el otorgamiento de cargos a los psicopedagogos no matriculados. Pero la modificación que se concretó por unanimidad el 12 de mayo de 2009 (la ley 2.435) determinó que la matriculación era optativa para quienes sólo se desempeñen en el ámbito público.

No sólo alcanzó a psicopedagogos, sino también a profesores de educación física, fonoaudiólogos y traumatólogos, entre otros profesionales.

“La ley es clara”, aseveraron ayer desde UTELPa. Y remarcaron que esta problemática se da únicamente con los psicopedagogos, y no con -por ejemplo- médicos, veterinarios, ingenieros o arquitectos. En todos los casos está claro que la colegiación es para quienes ejercen en lo privado.

“Para nosotros, la obligación de matricularse es pagar un plus para ejercer la docencia en la educación pública”, definieron desde UTELPa. Insistieron en que el Estatuto del Trabajador de la Educación, que establece todos los requisitos del sector, no dice nada respecto de esta situación.

UTELPa exigió que haya “varias patas atentas” a esta situación, en primer lugar la Justicia que fue la que intervino a pedido del Colegio de Psicopedagogos. Pero además, el Ejecutivo y el Ministerio de Educación, advirtieron.

“La Justicia en este momento les impide trabajar a los sicopedagogos que quieren hacerlo sólo en la educación pública. Y dejan sin el servicio” a los estudiantes y establecimientos. “Debe aplicarse lo que fue voluntad unánime de los diputados”, insistieron. Evaluaron que se trata de una clara “discriminación”.

“Es lo mismo que nosotros pusiéramos una afiliación compulsiva para todos los docentes, y que el que no se afiliara no pudiera ejercer”, comparó Claudia Fernández. “Quedan inhibidos los psicopedagogos que sólo se dedican a la docencia”, completó.