Confirman irregularidades en varias cooperativas capitalinas

Una investigación que la Dirección Provincial de Acción Cooperativa realizó, a pedido de la Municipalidad de la Capital, confirmó irregularidades en varias de las cooperativas que prestan servicios a la comuna, por lo que se inició un proceso de saneamiento para reformular el sistemas y se evalúan acciones judiciales por posible silícitos.
En base a las situaciones oscuras corroboradas, el intendente Raúl Jalil decidió pagar directamente y en efectivo a los trabajadores de las organizaciones, para evitar la intermediación de personas que, de acuerdo con los primeros indicios, se quedaban con la mayor parte del dinero en detrimento de la mayoría de los asentados como socios o empleados.

Una cooperativa, por ejemplo, cobraba 30 mil pesos mensuales por tareas de limpieza y sólo abonaba 3.600 pesos en sueldos, en negro, a tres empleados, a razón de 1.200 pesos cada uno.

En el municipio sospechan que hay ex funcionarios involucrados en la distorsión del sistema.

La comuna capitalina erogaba unos 600 mil pesos por mes a 22 cooperativas. Varias de ellas fueron desactivadas un par de meses antes de que concluyera la gestión radical. Algunas eran comandadas por proveedores del municipio.

Los pagos de noviembre a unos 150 trabajadores de 9 cooperativas o protocooperativas se realizaron el viernes en un local que la Municipalidad tiene en el Parque Adán Quiroga. Cada uno recibió entre 700 y 1.800 pesos, conforme a la tarea realizada. En el municipio calculan que de este modo se ahorraron unos 300 mil pesos.

Estuvieron presentes el director provincial de Acción Cooperativa, Sebastián Nóblega; la auditora designada por el organismo, María Elena Zalazar; y los secretarios municipales de Hacienda, Juan Cruz Miranda; Gobierno, Gustavo Saadi; Servicios Públicos, Alberto Kozicki; y Comunicación y Prensa, Carlos Cisneros.

Como auditora, Zalazar quedó al frente del proceso tendiente a sanear el sistema. La intención del municipio es regularizar las situación de algunas y, en el caso que no sea posible, absorber a los trabajadores en el Programa de Inclusión Social que se debate en el Concejo Deliberante.

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