La jornada de ayer fue inédita en materia judicial y como tal tuvo cuestiones bastante «inusuales», como que el Tribunal de Juicio resolvió el fallo en pocas horas de diferencia con los extensos alegatos que se desarrollaron entre la mañana y tarde del día de la víspera.

Con una solicitud de 12 años de prisión para los tres imputados de parte del fiscal Mayor Guillermo Quadrini, ya se podía vislumbrar lo que podía ser el final de este proceso, más allá de los alegatos absolutorios de las partes defensoras, tanto del Dr. Francisco Ibarra como del Dr. Luis Vestidelli.

El Tribunal de Juicio, presidido por el Dr. Daniel Borrone, secundado por los Dres. Eugenio Sarrabayrousse y Juan José Varela; en una deliberación de pocas horas resolvió condenar a los penitenciarios César González, José Franco y Rubén Darío Fernández, a la pena de 9 años de prisión de cumplimiento efectivo inmediato, además de inhabilitación especial a perpetuidad para ocupar cargos públicos.

Todo esto en relación al hecho ocurrido el 22 de diciembre de 2008 tras una requisa en la Unidad de Detención Nº1, donde fuera golpeado el recluso José Carmelo Castro Molla, en un hecho de extrema brutalidad.

Indignación de los familiares

Apenas leída la condena por parte del presidente del tribunal, en la silenciosa sala estallaron los gritos de indignación de familiares de quienes pasaban a quedar detenidos, debiendo desalojarse la misma.

La gran mayoría de los asistentes eran agentes penitenciarios, quienes por su condición de tales debieron guardar la compostura del caso, a pesar de la gran tristeza que generó el fallo. Fueron ellos quienes colaboraron en el traslado al exterior de los tribunales de los familiares de los agentes detenidos.

El exterior de los tribunales del ex campamento YPF presentaba un panorama desolador con numerosos efectivos policiales custodiando el edificio, mientras los familiares de los agentes penitenciarios lloraban desconsolados, por lo que incluso debió ser convocada una ambulancia para asistir a varias mujeres.

Incluso los agentes penitenciarios se mostraban devastados por la situación, llegándose a escuchar reclamos contra «los jueces» y «la Justicia», sin que la situación pasara a mayores.

Por el momento resulta una incógnita cómo se definirá el lugar de reclusión de los tres condenados, habida cuenta del profundo malestar existente en la institución penitenciaria, y que se trata de una situación inédita en la historia de una fuerza de seguridad en la provincia

El fiscal alegó pero no habló

Ante la conmoción suscitada en las afueras de los tribunales, el fiscal Mayor Guillermo Quadrini, tras un extenso alegato y pedido de condenas, consideró no hablar ante los medios de prensa en una decisión propia de un Poder Judicial no habituado a este tipo de casos, como parte de un conjunto de comportamientos «inusuales» que registró la jornada de ayer.

Quadrini hizo evidente su convencimiento de la acusación en lo que fue el alegato por el que ayer había solicitado una condena de 12 años para los tres imputados, como co autores del delito de «torturas» en un mismo nivel de responsabilidad.

Para el Fiscal los imputados José Franco y Rubén Fernández estuvieron presentes en el sector del lavadero donde eran llevados los presos del pabellón B, entre ellos Castro Molla, asegurando que fueron contestes la declaración de Castro Molla en su denuncia, con lo relatado por los presos René López, Alberto Secco, Walter Caraballo, César Escobar, López Villarroel y Walter Quiroz.

Mencionó a los reclusos que dieron cuenta de Franco y Fernández a cara descubierta en ese sector, como parte de la agresión de la que «formaron parte además otros penitenciarios», entendiendo también coincidente en todos los testimonios que se hacía como represalia a una agresión que Castro Molla cometió contra un guardiacárcel en Ushuaia.

En ese sentido Quadrini entendió también responsable al subinspector César González, que estaba a cargo de las actas de requisa, «quien administraba tareas en la furia de los penitenciarios», graficó, entendiendo que tenía movilidad entre el pabellón y el lavadero, en comparación a lo ocurrido con quien realizaba la misma labor en el pabellón opuesto, el «A».

El Fiscal entendió que «como jefe era quien debía dar garantías de sus derechos de encierro y trato a los presos», agregando que «su conducta dio aval y aprobación» a lo sucedido.