La delegación argentina había sido muy dura en su exposición contra el kirchnerismo. Anteayer, ante los representantes de 17 Estados, sostuvo que en los últimos cinco años había habido una "persecución" al Poder Judicial y pidió un pronunciamiento de condena de la asamblea.

La declaración final de la FLAM recogió esta denuncia, así como las que presentaron los magistrados de Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, en un pronunciamiento único.

El documento, si bien no menciona en forma explícita al gobierno de Kirchner, incluye inequívocas referencias al conflicto entre gobernantes y jueces en la Argentina. "La FLAM declara repudiar todo proyecto que, so pretexto de adoptar mecanismos de capacitación o evaluación de jueces y magistrados, persiga su garantía de estabilidad", afirma. El presidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, había incluido entre las principales preocupaciones de los jueces argentinos el proyecto del oficialismo para tomarles exámenes periódicos. "Tiene una evidente intención de presión", había afirmado en la sesión de anteayer, una intensa reunión de tres horas y media celebrada en el Hotel Hermitage, donde hasta hoy, y desde el domingo, conviven todas las delegaciones.

Además, les exigió a las autoridades públicas "el acatamiento de las decisiones judiciales" y les reclamó que se abstuvieran de iniciar juicios de remoción por sentencias que "difieran de sus intereses políticos".

Otro de los puntos de la declaración que se aplican a la Argentina es el reclamo de autarquía financiera para todos los poderes judiciales de la región, "para evitar una indebida dependencia" de los gobiernos.

"Es un llamado de atención", explicó a LA NACION el presidente de la FLAM, el argentino Miguel Caminos. "Les exigimos a varios gobiernos, el argentino entre ellos, que respeten la independencia de los magistrados", agregó.

La declaración final fue firmada por los representantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico y Uruguay.

Incluyó además un punto dedicado a los gobiernos de dos países donde, según se denunció en esta asamblea, la vida de los magistrados corre peligro: Honduras y El Salvador.

Pero la situación más grave que trató la asamblea fue la de Venezuela. En un documento paralelo emitido ayer por la FLAM se denunció que la jueza María Lourdes Afiuni Mora lleva cuatro meses presa "con delincuentes comunes" y sufre constantes "atentados contra su vida". La detuvieron por haber liberado, en contra de la voluntad de Hugo Chávez, a un acusado que llevaba preso sin condena más tiempo que el que permite la ley. La FLAM exigió ayer la "inmediata libertad" de Afiuni Mora.