Visiblemente molesta por las declaraciones del intendente Gustavo Melella, la gobernadora Ríos salió al cruce sobre el pedido de derogación del Fondo Solidario y recordó que la creación de esa fuente de financiamiento para educación y salud se hizo “a pedido de los municipios” y que fue la Legislatura la responsable de haber puesto en marcha ese mecanismo en reemplazo de la polémica Ley 648.

Ríos también puso énfasis en el fallo que dictó el Superior Tribunal de Justicia, que le dio la razón al Gobierno sobre la interpretación de la Ley 648 y, sin embargo, la Legislatura después resolvió establecer la derogación de esa normativa y reemplazarla por el fondo especial establecido en la ley de presupuesto 905.

En sus declaraciones la Gobernadora expresó que “cualquier dirigente político puede opinar en este sentido y de la manera que decida hacerlo”, agregando que “lo que sí está claro que es responsabilidad de la Legislatura respecto del momento y las razones en que tomó esa decisión”.

Ríos también se refirió al reclamo por los “gastos operativos” que se deducen de la coparticipación a las municipalidades. En tal sentido aclaró que se aplican los mismos porcentajes que el Gobierno Nacional deduce cuando distribuye los fondos a las Provincias.

La mandataria indicó que el caso debería ser judicializado por los Intendentes y no lo quieren hacer. En cambio, sí lo ventilan en los medios de comunicación.

“Cuando hay dos partes que no se ponen de acuerdo lo que suele suceder es ir a la Justicia para ver de qué manera se interpreta lo que se interpreta respecto de un convenio firmado por las partes y además certificado o legitimado por los Concejos Deliberantes”, expresó Ríos.

“No voy a calificar las decisiones de ningún dirigente político que decide reclamar por los los medios de comunicación porque no se está pudiendo acordar en los ámbitos institucionales que corresponde” indicó la Gobernadora.

Más adelante, Ríos puntualizó su deseo que la controversia “se resuelva rápido” porque no es bueno para la comunidad que “supone que las relaciones institucionales se lesionan cuando hay opiniones divergentes en relación a determinado tema”.

Otro que se refirió al pedido de derogación del Fondo Solidario, realizado por la gestión del intendente Gustavo Melella, fue el ministro de Gobierno Gustavo Zanone, quien expresó que sería perjudicial para las municipalidades dejar sin efecto esa fuente de financiamiento para salud y educación.

“Los municipios válidamente pueden plantear la derogación de la ley, aunque considero que les resultaría perjudicial, ya que es la provincia la que más recursos resignó”, dijo Zanone.

“De ninguna manera se pretende ahogar financieramente a los municipios, sino todo lo contrario. El crear un fondo destinado a educación y a salud, materializado a través de la Ley 905, fue concebido como favorable a los municipios”, sostuvo el titular de la cartera política del Gobierno Provincial.