Si bien no es vinculante, desde el oficialismo afirman que de acuerdo a los discursos podría haber modificaciones en el proyecto original.
El recinto del Concejo Deliberante fue acondicionado para recibir a los 55 oradores inscriptos en la audiencia pública.
Este proyecto generó debate en algunos sectores de la sociedad, y el que más ofuscado se mostró fue el comercial.
La Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC) criticó la movilidad de la tasa de seguridad e higiene. De aprobarse este punto este sector amenazó con ir a la Justicia.
La Asociación de Usuarios y Consumidores fue otro de los sectores que se mostró crítico al proyecto que pretende impulsar el Departamento Ejecutivo. “En la mayoría de los artículos se evidencia un alto porcentaje de incremento”, dijo Nelson Veaz Oyarzo, titular del organismo que será uno de los oradores de la audiencia pública.
Pese a las críticas la actual gestión municipal confía en que esta norma regirá en el mes de mayo. La propia presidente del cuerpo legislativo comunal, Mirian Coronel, dijo que el proyecto tuvo un primer aval en el Concejo y en el quinto mes del año estaría en vigencia.
Para que el proyecto sea aprobado tendrá que esperar los resultados de la audiencia pública.
La Carta Orgánica fija un plazo de 30 días como máximo para que las comisiones - que evalúan el expediente - realicen, si es necesario, modificaciones en el proyecto original.
Una vez cumplido este paso, el cuerpo tendrá que votar la segunda lectura, para ello se necesita simple mayoría, es decir, ocho voluntades.
Cabe recordar que la primera lectura el oficialismo contó con el apoyo de dos de los ediles del Partido Liberal (PL) y de dos del bloque Alfonsín.
Habrá que esperar qué actitud toman a partir de ahora los concejales del liberalismo, ya que la Mesa Directiva de este partido tomó la decisión orgánica de no apoyar el proyecto de Tarifaria.
época pudo acceder al documento de la Mesa Directiva del PL y en su primer párrafo se manifiesta en terminante oposición a las reformas impulsadas por el Ejecutivo municipal, respecto al proyecto de actualización tarifaria y código fiscal.
Además argumentan que los proyectos en tratamiento atentan contra principios constitucionales supremos, como la igualdad tributaria, la equidad, la razonabilidad, la legalidad, la proporcionalidad y la supremacía del interés de todos los ciudadanos.
El proyecto promueve aumentos significativos en numerosas tasas como el alumbrado público, que pagan todos los vecinos, que se incrementa en un 80%, llegando en otros rubros a verificarse incrementos muy superiores de hasta el 250%, lo que convierte a este proyecto de Ordenanza Tarifaria en un verdadero “tarifazo”.
“Pretender recaudar un tres por mil de los ingresos que tenga cada comercio afecta palmariamente el principio del igualdad tributaria. Se daría la situación de que quien explota un local de 100m2 y a quien el Municipio le presta un servicio por toda esa dimensión, podría pagar mucho menos que aquel comerciante que tuviera registrado un espacio de 10m2.
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