En una nueva jornada legislativa, el Concejo Deliberante de San Isidro discutió un pedido de informes sobre la nueva marca ciudad implementada por el gobierno de Gustavo Posse. Desde la oposición argumentan que el logotipo reemplaza al tradicional escudo de la ciudad; el oficialismo defendió la medida señalando que se busca darle una identidad al partido. Pese a las diferencias, el proyecto fue aprobado por unanimidad.
Primeramente, los 24 concejales presentes dieron ingreso a comisión a diferentes expedientes. Así, fueron girados a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con recomendación de pronto despacho, varios proyectos relacionados con el Barrio Uspallata, uno de ellos con la propuesta de que sea el Municipio quien compre las tierras en conflicto para luego efectuar un plan de urbanización en el lugar.
A la misma comisión se envió un expediente solicitándole al Departamento Ejecutivo que otorgue, a fin de año, un bono salarial no contributivo a todos los trabajadores municipales de San Isidro. La impulsora del mismo, la massista Marcela Durrieu, sostuvo que “los salarios municipales en San Isidro son muy bajos, y la inflación de este año fue del 40% y se ha más que comido el acuerdo salarial de principio de año”. “Visto la situación económica de los municipales, sería muy interesante que existiera este bono de fin de año que ayudará a pasar mejor las fiestas y las vacaciones”, completó.
El oficialista Pablo Fontanet reveló que “ya ha habido un principio de acuerdo con el Sindicato Municipal” para el pago de una bonificación, a fin del mes de noviembre, de $1100, y “que ha habido negociaciones para pagar otra bonificación menor durante el mes de diciembre”. “Ya existe la voluntad del Departamento ejecutivo de otorgar esa bonificación especial”, aseveró.
También fue a Hacienda y Presupuesto un proyecto de ordenanza, del FpV, disponiendo que el piso salarial más bajo de los municipales sea equivalente al salario mínimo vital y móvil, hoy en el orden de los $4400. Y los expedientes relacionados con la prórroga del contrato con la empresa SISTE, encargada del estacionamiento medido en San Isidro, fueron a la misma comisión.
Otro proyecto destacado, enviado a la Comisión de Seguridad, fue una comunicación, dirigida al Ministerio de Seguridad provincial, pidiendo se mantenga la dotación policial en el distrito durante el verano. La intención es que no se afecte personal de la Policía Bonaerense con base en San Isidro al Operativo Sol que el gobierno bonaerense implementa en cada temporada estival.
Ya en el tratamiento de los asuntos despachados, se aprobó por unanimidad una ordenanza regulando la actividad de los locales comerciales que realicen compraventa de equipos, accesorios, chips o teléfonos celulares nuevos o usados. “Este proyecto hace algún aporte a resolver el problema de la inseguridad, que es un tema que hay que enfocar de distintos anguilos”, planteó el edil de Convocación por San Isidro, Manuel Abella Nazar. “La salida en el mercado informal que pueden los celulares obtenidos a través del robo es un punto que hay que atacar. Si controlamos la demanda de estos celulares, podemos disminuir los hechos de inseguridad”, consideró.
“El proyecto fue remitido por el Departamento Ejecutivo y el objetivo es que aquellos puntos de venta que se instalen en San Isidro tenga la documentación necesaria que los avale como agentes oficiales u oficinas encargadas de la reparación de teléfonos”, detalló el possista Andrés Rolón. “Queremos restringir que se pueda hacer cualquier cosa con los aparatos y también con la adquisición de los chips”, clarificó, y sugirió que la iniciativa sea “replicada por otros municipios”.


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