Será el legislativo local, según señala la propuesta, el que deba aprobar la adhesión a la normativa, para que esta se pueda llevar a cabo.

“Nosotros desde la campaña hemos pedido las policías comunales, porque son los intendentes los más cercanos a la problemática de los vecinos, pero hay otros proyectos presentados y apoyaremos en el caso de que el texto final sea consensuado”, señaló a Pilar de Todos el concejal massista Gustavo Trindade.

El opositor Osvaldo Pugliese, en tanto, manifestó que a su criterio no está de acuerdo con que los intendentes “sean los jefes políticos de la policía”, aunque admitió que antes de emitir una opinión más profunda debe leer el proyecto.

La radical Claudia Zakhem, por su parte, también sembró algunas dudas, sobre todo lo relacionado al control de la nueva fuerza, aunque opinó que “se tendría más control sobre las localidades”.

De todos modos, Zakhem señaló que deberán quedar “bien claras las facultades” de los intendentes, sobre todo en lo operativo y la potestad para realizar las designaciones de los responsables de la nueva fuerza, y apuntó a que la estructura no solo intervenga en delitos menores.

Pero además, la concejal de la UCR también puso la lupa sobre el control que ejercerá el Concejo Deliberante, como organismo independiente del Ejecutivo.

“Hace más de dos años que este Concejo no puede terminar de poner en marcha el ente de control de Sudamericana de Aguas. ¿Qué rol tendrá en lo que respecta a la policía comunal?”, se preguntó Zakhem.

En ese mismo sentido, el concejal vecinalista Nicolás Ducoté, también opinó que el proyecto deberá aclarar qué tipo de control hay sobre el Ejecutivo.

“Estoy a favor de la policía comunal, pero con algún tipo de control adicional al Ejecutivo. No quiero intendentes con aún más poder territorial. Quiero un esquema de vinculación con lo barrial que sea parte de una política integral de seguridad, que tome en cuenta a la prevención, la inserción social y el desarrollo comunitario”, planteó.

Desde el kirchnerismo, por otro lado, también se sumaron más dudas. El concejal Juan Luna expuso que él tiene una “postura crítica” al respecto, y puso como ejemplo el caso de Miguel Ángel Durrels, un joven que apareció ahorcado en una comisaría en un presunto suicidio, luego de haber sido detenido por el Servicio de Apoyo Policial de Pilar (SAP).

“En el fondo no creemos que la seguridad pase por una cuestión de más policía, sino de inclusión social”, expuso Luna.

El primer concejal del FpV, Santiago Laurent, por su parte, también apuntó contra el SAP, un servicio hoy sin control aparte del Ejecutivo.

“Es preferible una policía comunal con legislación que la regule, con participación ciudadana en la designación y control del desempeño del comisario, a la actual situación que actualmente tenemos con el SAP”, finalizó Laurent