Los graves acontecimientos en la ciudad pasaron por arriba al Concejo Deliberante, que no supo o no quiso involucrarse en el problema, al punto que los tímidos arrestos para una sesión especial, posiblemente útil en el fragor del conflicto, terminaron en la coincidencia para tratar hoy el proyecto municipal de crear el Consejo Económico y Social (CES).

A los efectos formales, comenzará con una sesión ordinaria y a su término pero inmediatamente "habrá" una sesión especial para tratar la conformación del CES.

Esta institución, prevista en la Carta Orgánica Municipal (COM), artículo 149, es un organismo de consulta y asesoramiento del intendente, de carácter multisectorial, para debatir y proponer sobre temas inherentes a todos los aspectos de la vida de la ciudad.

La institución está prevista desde la sanción de la COM, en 1995. Nunca fue reglamentada porque en situaciones institucionalmente normales, con los organismos del Estado municipal y los poderes constituidos funcionando sin inconvenientes, nadie necesitó de su existencia.

El problema es que ahora, precisamente, las instituciones no funcionan. Esta es probablemente la lectura que hace el Departamento Ejecutivo para propiciar la ordenanza reglamentaria y, conciente o inconcientemente, la percepción del Concejo Deliberante, un verdadero cotolengo, por la conformación del oficialismo y obra y gracia de su "arquitecto", Luis Juez.

Cualquier persona de sentido común comprenderá esto y hasta podría haberse prefigurado los acontecimientos si hubiera sabido cómo se armó aquella lista para el 2 de setiembre de 2007. Esta incluyó, entre otras excentricidades, a Lucas Rodríguez, por el simple mérito de haber salido campeón mundial de fútbol para no videntes, con el equipo Los Murciélagos, o Teresa Saravia, una referente indigenista que bloqueó el aumento del boleto en marzo de 2003, apoyándose en la "lógica circular de los incas", según invocó en su momento.

Pero es cierto que éstas no son las principales taras del Concejo Deliberante. Lo importante y decisivo es que Juez es el que tiene la voz de mando y que su pelea con Daniel Giacomino colocó a la representación oficialista en la principal bancada de oposición al intendente. Algo de esto se hizo patente en la designación de Walter Nostrala como presidente (ver aparte).

La situación del Concejo Deliberante es parecida a la del Tribunal de Cuentas. En ambos casos queda desmentido el "principio de gobernabilidad" que prevé la COM (artículo 49) y la misma Constitución Provincial, en el capítulo Régimen Municipal, que le conceden al intendente la mitad más uno de las bancas.

Lo cierto es que el proyecto para crear el CES seguramente va a ser sancionado hoy, con el apoyo de buena parte de las seis bancadas en que ha quedado cuadriculado el Concejo, sin contar al líbero Fernando Masucci : las tres del antibloque original del Frente Cívico, más radicales, peronistas y olguistas (Eva Duarte).

El bloque-horda del Frente Cívico sufrió su última fragmentación cuando, a la pérdida de los filogiacoministas del Frente Social por la Ciudad (Gustavo Barrionuevo, Virginia Pagnanini, Juan Manuel Rodríguez y Graciela Nicolás), se sumaron los vicentistas aún innominados y no totalmente decididos (Laura Ortiz, Mónica Cid, Marta Juárez, Teresa Saravia y Graciela Treber).

Esta estilla, la más grande, es presidida por Walter Nostrala, que ayer notificó al viceintendente, Carlos Vicente, la novedad de su entronización, con una nota firmada al pie por el propio Nostrala, Graciela Villata, María Susana Frossi, Alejandra del Boca, Lucas Rodríguez, Sandra Trigo, Fernando Machado y Ricardo Arias. No están, por supuesto, las firmas de ninguno de los cinco filovicentistas.