Todo partió de la propuesta de sumar al municipio capitalino al control del Tribunal de Cuentas de la provincia, situación establecida en la Constitución reformada en el año 2007. De acuerdo a lo estipulado en una de las cláusulas transitorias (la 21) de la Carta Magna provincial, la Municipalidad de la Capital debe someterse al control del Tribunal de Cuentas desde 2009. Sin embargo esto no se da en la práctica, justificado con argumentos de autonomía con tufillo a impunidad.

Fue desde el oficialismo que se argumentó que no se puede exigir a la comuna someterse a un control externo, ya que el status municipal es autónomo. Esta posición contradice lo reglado en la Constitución, cuyo trabajo específico en ese punto contó con labor de dos ediles en funciones, la presidenta Miriam Coronel y el opositor Gabriel Romero. Aún más, se llegó a decir que nadie está facultado para controlar las acciones de la Comuna porque ésta es autónoma.

Este concepto de autonomía esgrimido desde el oficialismo llevo incluso a igualar el término con impunidad ya que, de acuerdo a lo manifestado en la sesión, nadie, absolutamente nadie, puede ni debe controlar de manera externa la hacienda municipal.

La contradicción al artículo 232 y de la cláusula transitoria 21 de la Constitución provincial, llevó al triste y peligroso reconocimiento, con que otro referente del oficialismo cerró la postura del Frente para la Victoria: justificar la violación a los preceptos constitucionales, marcando que desde el Gobierno tampoco se cumple con la Carta Magna al retener fondos municipales, supuestamente de manera indebida.

Delicado, peligroso, pobre y básico. El nivel de los argumentos va dejando mojones del camino que comienza a transitar éste legislativo municipal, con mayoría calificada.