El concejal Ulises Traverso, personaje clave en el pago de los 1.092 cheques de la Municipalidad de 25 de Mayo a tres empleados comunales, habría sido rozado años atrás en la megacausa del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda. ¿Por qué? Porque en algún momento del período 1999-2003 habría sido cajero del Banco de La Pampa en la casa central, adonde Flavia Lorena Peñalva cobró los 267 cheques con los que estafó en 624.260,42 pesos al Estado provincial.

Traverso, junto al intendente veinticinqueño David Bravo, tres empleados municipales y un albañil están siendo investigados por el juez penal de General Acha, Alvaro Reyes, a raíz de una denuncia del Banco de La Pampa. El hecho central es que los empleados cobraron, en el último año, 900.000 pesos a través de ese millar de documentos que fueron librados contra cuentas del municipio.

Incluso Reyes ya le pidió al Concejo Deliberante que le informe sobre los ingresos del edil oficialista, tanto por dietas como por otros conceptos; y al BLP que le entregue datos sobre los movimientos financieros de sus cuentas personales. Las sospechas del banco, donde él es empleado y delegado gremial, surgieron a partir de comprobar que este año le depositaron 140.000 pesos en apenas cinco meses. El descargo de Traverso fue que se trató del cobro de sus dos salarios y de la venta de un terreno en 80.000 pesos, a pesar de que habría sido escriturado en 20.000.

Tres fuentes confiables recordaron anoche que el concejal habría estado vinculado, de alguna manera, a la megacausa del IPAV. Una de ellas aseguró que declaró como testigo cuando la causa fue instruida años atrás por la entonces jueza de instrucción, Verónica Fantini. Otra lo relacionó con los cheques cobrados por Peñalva.

Empleados del BLP lo ubicaron a Traverso como cajero de la casa central en el período donde la ex empleada en negro del IPAV cobró los 267 cheques, e indicaron que en ese momento vivía en Toay. De ahí se fue hace unos años a 25 de Mayo. En esta localidad, confiaron anoche personas que lo conocen, que recientemente habría tenido problemas personales y por eso habría sido golpeado.

Peñalva estuvo 272 días presa y fue condenada a tres años de prisión por haber defraudado al Estado provincial en 624.260,42 pesos. La hallaron autora de los delitos de fraude agravado en perjuicio de la administración pública, falsificación de instrumento privado y falsificación de cheques oficiales. Recientemente también fue condenado su esposo, Fernando Javier Guitiérrez, a tres años en suspenso por el fraude. La Provincia aún no recuperó ese dinero.

Increíblemente, y pasado más de un año desde que la Cámara en lo Criminal 1 ordenó darle vista a la fiscalía de turno para que investigue porqué el BLP le pagó a ellas los 267 documentos, la causa aún no tiene juez. La irregularidad habría sido que a los cheques les faltaron firmas autorizantes.

En el juicio donde Peñalva fue condenada, el tribunal, al conferir esa vista, expresó en la parte resolutiva de la sentencia que "sabiendo que aún sin ser (ella) una de las personas habilitadas para firmar en las cuentas de Tesorería (del IPAV), en el Banco de La Pampa le aceptaron sus depósitos y/o cobro sin reparos". El banco, siempre se llamó a silencio.