Lucía Alvarez y Florencia Halfon-Laksman.

La absolución de los 13 imputados en el juicio por la desaparición de Marita Verón dejó al descubierto la impunidad que gozan las redes de trata, y en especial la mala utilización de los testimonios de las víctimas como elemento de prueba, algo que ya había denunciado a principios de este año un informe de la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE). Tiempo Argentino consultó a los organismos dedicados a combatir este delito para exponer sus modalidades y sus principales componentes.

LAS REDES. El informe de la UFASE, a cargo de Marcelo Colombo, señala que en Argentina es más frecuente encontrar organizaciones de trata precarias, con poco alcance territorial, baja profesionalización y casi nula diferenciación interna de roles.

Esto se explica por la sencillez y la altísima rentabilidad del negocio: requiere de una muy baja inversión inicial, pero genera enormes ganancias. "A una víctima la compran una vez a 100, 200, 500 pesos, y genera miles en una noche. Un 'pase' de una hora en provincia de Buenos Aires cuesta entre 100 y 200 pesos. En el sur del país, por el nivel adquisitivo de los clientes, media hora puede costar 800 pesos", detalló Zaida Gatti, titular de la Oficina de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de la Trata, del Ministerio de Justicia. Las cifras, sin embargo, nunca son precisas. Susana Trimarco, madre de María de los Ángeles Verón, está convencida de que su hija fue comprada por 2500 pesos y estima que "ahora a las chicas las están vendiendo por 30 ó 50 mil".

Lo usual es que un tratante sea propietario de al menos tres prostíbulos y que esa red sea administrada por integrantes de una misma familia, con diferentes roles: explotador, administrador, receptor, transportista o reclutador. "Ellos mismos las captan, acá o afuera, y las explotan. No son grandes redes, pero tienen conexión entre sí. Se puede hablar de una red prostibularia. Los dueños comparten intereses y se reconocen como parte de un mismo mercado", explicó Colombo.

Estas estructuras domésticas necesitan un eslabón clave para garantizar su eficaz funcionamiento: la complicidad de funcionarios públicos y policiales. Las redes, según señala el informe, no cuentan con autonomía, ni organizativa ni operacional respecto del Estado, en particular de las agencias policiales y fuerzas de seguridad, que "protegen, favorecen, moldean y alimentan la actividad". Este colaboracionismo produce una sensación de "falsa legitimidad", que logra desdibujar el límite entre lo legal y lo ilegal.

LOS IMPUTADOS. Hasta el momento, según Colombo, se realizaron 68 sentencias por el delito de trata, y 60 condenas. Una de las características más llamativas es la paridad que existe entre hombres y mujeres, quienes representan al 43% de las personas procesadas. Los especialistas suponen que esas mujeres fueron tratadas o explotadas previamente y luego ocupan de los roles más bajos del escalafón: la captación y recepción de víctimas. El conjunto de los tratantes son fundamentalmente argentinos y muchos de ellos tienen, en el ámbito de la legalidad, trabajos identificados con el empleo precario.

Las redes no funcionan bajo la estructura de una asociación ilícita, como un cártel de droga. Por eso algunos roles pueden ser independientes: "Una persona se dedica al reclutamiento, pero no es un empleado de los que regentean prostíbulos, sino que recluta para varios proxenetas", reveló el abogado querellante en la causa Marita Verón, Carlos Garmendia.

El país aún no tiene condenas por redes internacionales, pero Gatti confirmó que hay investigaciones en curso. Su menor presencia se explica por la necesidad de roles más complejos y el fuerte vínculo con las redes de narcotráfico. Según explicó Fabiana Túñez, titular de la ONG La Casa del Encuentro, una de las formas que adquirió en el país esta modalidad es el turismo sexual. "Hay agencias europeas que ofrecen una semana en los Esteros del Iberá en hoteles cinco estrellas, con oferta sexual, sobre todo de niñas", señaló.

LAS VÍCTIMAS. Varios trabajos estatales realizados sobre el perfil de las víctimas coinciden en señalar que la gran mayoría (entre el 98 y el 99,5%) está compuesta por mujeres. Tres cuartas partes son mayores de edad. Un estudio realizado por el Ministerio de Seguridad destaca que en 2011 la mayor cantidad de víctimas tenía entre 22 y 26 años (26 por ciento).

El informe de la UFASE analiza que, tras la sanción de la Ley 26.364, los tratantes adoptan más recaudos con las menores, y por eso no se las encuentra en los allanamientos. "A las menores las tenían en un auto. Cuando el cliente pide algo especial y demuestra un buen poder adquisitivo, o en el caso de que ya fuese un cliente de la casa, ahí se le ofrece a la menor", indica un miembro de la fuerza federal. Túñez detalló: "Las menores son para un público selecto." También hay víctimas trans, pero las autoridades que realizan las actas no suelen considerarlas como tales."

En los datos del Ministerio Fiscal, la mitad de las víctimas son argentinas y el 36% paraguayas, a diferencia de los operativos de fuerzas federales, que revelan un 70% de víctimas extranjeras. Ambos coinciden en que las víctimas de nacionalidad dominicana son las terceras en cantidad. "También hay mujeres bolivianas. Pero la mayoría de las que yo rescaté son argentinas", aseguró Trimarco a Tiempo. "Hemos rescatado muchas chicas del norte, de Formosa, Chaco, Misiones, Salta, Jujuy", describió.

Los investigadores señalan que, antes de ser captadas, las víctimas estaban en una situación de vulnerabilidad: madres solteras, con problemas económicos, de educación, y a veces con antecedentes de abuso sexual. Sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad, por ejemplo, también advierten que "más allá de que diversos grupos de personas se encuentran más expuestos, se debe subrayar que nadie está exento de ser una posible víctima de este delito, sin importar su origen, condición social, o cualquier otra característica o indicador". Como ejemplo de esto, Túñez subraya que "hay muchas mujeres, como Marita Verón y Florencia Penacchi, pertenecen a otros estratos sociales porque son destinadas a prostíbulos VIP".

Desde la aprobación de la Ley de Trata hasta el 31 de octubre de este año fueron rescatadas 1889 víctimas de explotación sexual, según la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia. Gatti, supervisora del área, resume: "La demanda se da a partir de lo que requiera el cliente."

LA CAPTACIÓN. El método más común en la Argentina no es el secuestro sino el engaño. Los especialistas lo llaman "captación blanda" y opera sobre ofertas de trabajo. La modalidad: mujeres con necesidades laborales aceptan alternativas precarias, ambiguas, imprecisas, que suponen el alejamiento de sus familias y, cuando llegan, la situación no es la prometida. A veces el engaño también opera en mujeres que aceptan prostituirse, pero deben hacerlo bajo condiciones distintas a las que habían aceptado. También se da, aunque no es lo más común, que algunos proxenetas recurran a enamorar a su víctima. Según explica Gatti, "no sospechan cuando les ofrecen una altísima paga. Hasta ahí no se trata de una situación violenta. Cuando hay mayor nivel de instrucción, la chica no es engañada tan fácilmente."

En la mitad de los casos judicializados, la captación se realiza cara a cara ("captación hormiga"). Es muy baja la proporción de secuestros realizados por medios gráficos, Internet, o chat (menos del 5 por ciento). En uno de cada cuatro casos, la víctima y el tratante se conocen en la ocasión del reclutamiento. En el 11%, era un conocido de antes. También hay situaciones en que el entregador es un familiar directo.

FORMAS DE EXPLOTACIÓN. Después de la sanción de la ley, en 2008, el delito mutó y modificó los modos de sostener la explotación. Además de las amenazas y la violencia física, hay modos más sutiles, como la presencia de funcionarios y personal de las fuerzas de seguridad.

Al ingresar en la red, las mujeres ya cargan con una deuda por el pago de los pasajes y descuentos por alojamiento, limpieza, vestimenta. Para controlarlas y nunca darles dinero, los regenteadores les cobran, además, distintas multas (por llegar tarde, por no limpiar la habitación, por la queja de algún cliente) y las obligan a pagar por el consumo de estupefacientes, que ellos mismos fuerzan en el momento del ingreso. Así, las víctimas entran en un círculo vicioso del que no pueden salir porque nunca empiezan a cobrar.

"De lo que ganan, le deben restar el pago de los consumos, que en general es cocaína y exceso de alcohol. Otra forma de coacción es hacerlas cómplices de los delitos. Si en el local se vende droga, lo cual es muy frecuente, las chicas son las encargadas de hacerlo", reflexionó Gatti.

LOS LUGARES. Según el informe de la UFASE, tres de cada cuatro lugares lo conforman whiskerías, pubs y pools. Estos lugares, identificables socialmente, cuentan con habilitaciones municipales, y están expuestos a controles policiales, aunque llamativamente esos agentes nunca son investigados. "La whiskería puede dibujar la inexistencia de trata. Se mantienen relaciones sexuales en distintos espacios. Pero no tienen habitaciones", detalló Gatti.

Todas las provincias cuentan con redes, pero hay zonas más sensibles como Gran Buenos Aires, Córdoba y el sur del país, donde hay mayor población masculina, vinculada con el trabajo en yacimientos petroleros. El NOA y NEA son fundamentalmente espacios de captación. «

El error de no regularizar

"La estadía de la mayoría de las víctimas extranjeras en nuestro territorio es ilegal, y esa condición genera una suerte de campo propicio para que el tratante las gobierne a su antojo", indica un miembro de la fuerza federal de Córdoba en el informe sobre trata sexual en la Argentina, de la UFASE. Según esa fuente, "las víctimas extranjeras ingresan al país documentadas y por pasos habilitados". El error de esas mujeres es no regularizar los papeles migratorios cuando vence el permiso de turista. Eso les da mayor vulnerabilidad. Un 57% de las víctimas fue captada en Argentina, por lo que se observa que, en el país, hay preponderancia de la trata interna por sobre la internacional.

Línea

145

es el número telefónico para realizar denuncias de manera gratuita desde todo el país.

el decreto que prohibió el rubro 59

La medida más reciente del Poder Ejecutivo para el combate de las redes de trata fue la puesta del decreto 936, en julio de 2010, por el cual se prohibieron avisos clasificados con oferta sexual. Según datos de la Oficina de Monitoreo del Ministerio de Justicia, a noviembre de 2012, el 80% de los medios de prensa gráfica monitoreados dejaron de publicar avisos de oferta de comercio sexual. A excepción de Clarín y, esporádicamente, La Voz del Interior, los medios de prensa gráfica ya no solicitan ni ofrecen mujeres destinadas al comercio sexual, y aquellos que continúan en infracción abandonaron la redacción denigrante que caracterizaba a estas publicaciones y han optados por los avisos encubiertos, como el pedido de "masajistas". Entre julio de 2011 y diciembre de 2012, la Oficina ha llevado adelante, además, 77 actuaciones relacionadas con 57 intimaciones a 30 medios gráficos. Asimismo, se han aplicado 17 sanciones de apercibimiento y una sanción de multa al diario Clarín por 362.534,40 pesos.