El fin de semana, los tres ministros más cuestionados del STJ habían dado a conocer una declaración escrita en la que defendieron sus designaciones, afirmaron que son “constitucionales” y criticaron al gobierno de Jorge Capitanich, acusándolo de buscar “disciplinar” a los jueces con las acciones de inconstitucionalidad que iniciará contra los tres ministros.

En diálogo con NORTE, Pedrini dijo que en ese escrito, “los firmantes tratan de investirse de un ropaje de constitucionalidad mencionando las leyes y decretos inconstitucionales mediante los cuales fueron designados. De lo que no hablan es de lo que dice la Constitución, que es perfectamente claro en cuanto a que debían haber llegado a sus cargos por concursos de antecedentes y oposición, no como lo hicieron”.

Normas viciadas

Además de sus declaraciones a este diario, el ministro difundió un comunicado en el que alude al pronunciamiento de Toledo, Avalos y Franco, y vuelve a negar que el Ejecutivo pretenda destituirlos para luego nombrar a jueces afines. “La historia reciente demuestra lo nefasto de la experiencia de subordinación de jueces al poder político”, dice allí.

En cuanto a los ministros cuya destitución viene reclamando desde hace años el Foro por la Justicia Independiente, dijo que fueron nombrados “conforme a leyes y decretos viciados de inconstitucionalidad”. En este sentido, Pedrini plantea que “lejos de estériles polémicas y rebuscadas interpretaciones de la Constitución del Chaco, conviene simplemente transcribir las partes pertinentes de nuestra carta magna y que el pueblo, destinatario final de la Constitución; elabore sus propias conclusiones”.

Al respecto recordó que el artículo 158 de la Constitución establece que “los miembros del Superior Tribunal de Justicia y el Procurador General serán nombrados por el Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo de la Magistratura”, y que el artículo 167 fija entre las funciones del Consejo la de “proponer el nombramiento y traslado de los jueces y representantes del Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158”, agregando luego que “los nombramientos deberán estar precedidos de concursos públicos de antecedentes y oposición como método de selección”.

“Del texto constitucional surge claramente que el nombramiento de los doctores Avalos, Franco y Toledo, no respetó la exigencia de efectuar un concurso público de antecedentes y oposición”, afirmó Pedrini, quien fue presidente de la Convención Constituyente que en 1994 introdujo esas cláusulas en la carta magna de la provincia. En ese rol, dijo que “los artículos constitucionales referidos fueron redactados con la deliberada intención de someter la designación de todos los jueces, incluidos los del Superior Tribunal de Justicia, a un previo concurso de oposición y antecedentes. El diario de sesiones de la misma certifica mis aseveraciones”.

Nefastas experiencias

En el comunicado también se niega el intento de disciplinamiento del que hablan Toledo, Avalos y Franco. Los dos primeros fueron funcionarios de Angel Rozas antes de llegar a la magistratura, promovidos también por el rozismo, que ahora busca impedir que se los remueva. “En mi carácter de ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, desmiento categóricamente cualquier intento del actual gobierno provincial por disciplinar jueces. La historia reciente nos enseña las nefastas consecuencias de un sistema judicial subordinado al poder político. No repetiremos estas mismas nefastas experiencias que fueron tan claras en anteriores gestiones”, dijo Pedrini.

El ministro dijo que, por el contrario, la decisión del gobernador es “garantizar la plena vigencia de la Constitución Provincial, respetando como pocas veces en la historia chaqueña el principio republicano de división de poderes”.

Como ejemplo citó “las iniciativas legislativas que ratifican esta política institucional, como la reglamentación del concurso de oposición y antecedentes para el nombramiento de jueces del STJ, siendo el primer gobernador que se autoexcluye de este procedimiento; la derogación de la “Ley de Desamparo”, el procedimiento para la designación del Defensor del Pueblo. Son algunas de las medidas que dan contenido a su política institucional”, apuntó.