La Sala Juzgadora, que está integrada por los 24 legisladores que no participaron de la Sala Acusadora y que es presidida por la diputada piquense María Fernanda Alonso, tiene un plazo de 30 días hábiles para determinar la suerte del cuestionado funcionario. Bonginaino, en tanto, fue suspendido el mismo día en que se conoció la decisión de los acusadores de promover, por unanimidad, la continuidad del proceso en su contra por el supuesto delito de mal desempeño de sus funciones.

La acusación contra el Procurador fue por unanimidad y con aplastantes críticas a su labor como jefe de los fiscales, subordinados estos que tuvieron a su cargo la investigación de la desaparición de la niña Sofía Viale, de quien durante 66 días no se supo absolutamente nada de ella, y si se logró dar con el cuerpo de la infortunada menor, no fue justamente por la pericia de los fiscales o de la policía, sino por pura casualidad y a partir de otro ataque a una niña por el confeso asesino de Sofía.

Que la acusación haya sido unánime y contundente, no implica que Bongianino tenga la suerte echada, es más, desde el bloque FrePam, más precisamente en palabras del acusador Carlos Bruno, se advirtió a los pampeanos sobre la necesidad de ‘estar atentos’ respecto a lo que pueda hacer el justicialismo, dando a entender que el oficialismo, así como hizo con el ministro político de Jorge, podría tirarle un salvavidas al cuestionado funcionario.

Lapidaria acusación contra Bongianino

Más allá de esa advertencia de Bruno, lo cierto es el PJ fue lapidario en su voto acusatorio. En síntesis, consideró necesario avanzar contra Bongianino por no haber velado por un adecuado funcionamiento del Ministerio Público Fiscal respecto de lo actuado en el caso de Sofía Viale; por no haber vigilado apropiadamente la sustanciación de la causa judicial abierta por la desaparición de la niña; por no haber planificado en general el desarrollo de investigaciones conducentes a esclarecer la desaparición de personas, elaborando un Manual o Protocolo de Procedimientos cuya ulterior observancia al ocurrir el caso Viale hubiera constituido una guía segura para optimizar el trabajo de funcionarios judiciales y policiales.

Pero eso no fue todo, sino que le endilgó, además, no haber coordinado con instituciones públicas y privadas la realización de la investigación; no haber impartido instrucciones a sus funcionarios y empleados dependientes para cumplir con eficacia los deberes a cargo del Ministerio Público, tendientes a lograr la unidad de acción del organismo, no haber supervisado la tarea de los miembros del Ministerio Público ni practicado visitas de inspección a General Pico para vigilar el progreso y desarrollo de la investigación en curso; no haber establecido la ‘unidad de acción’ en los Fiscales de la Segunda Circunscripción Judicial en orden a desarrollar la búsqueda de la niña desaparecida, y no haber aplicado ni solicitado medidas disciplinarias a funcionarios y empleados del Ministerio Público involucrados en desempeños ineficientes en la investigación del caso.

Sumó el PJ a la deficiente tarea del procurador el no haber creado una Unidad Especializada en la investigación de un delito complejo, pese a que por las características intrínsecas del asunto era razonable proceder así; no haber supervisado apropiadamente la tarea de la Policía de la Provincia de La Pampa en función judicial; no haber designado un Fiscal cooperante con la Fiscal designada, habida cuenta de la inexperiencia de ésta en asuntos de esclarecimiento complejo. “En definitiva, no haber fijado criterios generales para el ejercicio de la persecución penal que hubieran resultado de utilidad en orden a organizar una investigación rápida y eficaz del caso Viale”.

Contundentes fueron también las acusaciones del FrePam y de Comunidad Organizada, y por esa contundencia es que a partir de hoy, con la jura de los miembros de la Sala Juzgadora, comenzará a desandarse el camino que culminará dentro de 30 días hábiles, cuando se defina la destitución o no del ya suspendido funcionario judicial.