El relevamiento de la CAME muestra a San Salvador de Jujuy en el tercer peldaño de un ranking nacional sobre crecimiento del comercio ilegal. Es un contundente revés para todo discurso desbordante de optimismo sobre fiscalización y perfil equitativo, ni hablar del cachetazo que representa para los anuncios oportunistas que brotan sin pausa en un año electoral que, como tal, exprime la dialéctica de cuanto político o aspirante a una candidatura se atraviesa delante de un micrófono o una cámara.

El comercio informal representa una antigua faceta y un inevitable efecto secundario de las economías de mercado o del comercio en general, impactando directamente en las relaciones económicas y, especialmente, en el rol y el futuro de los inversionistas y sus trabajadores.

Se trata de un fenómeno perjudicial que se presenta sin principio de solución y sus repercusiones se evidencian no sólo en la economía de los empresarios directamente afectados, sino en el bienestar social, la seguridad pública y el propio desarrollo. Su evolución, está rebasando al Estado municipal, por lo que sólo con acciones conjuntas y contundentes entre sociedad, autoridades y legisladores se podrá combatir este problema que creció a pasos vertiginosos.

El comercio ilegal comprende las transacciones de compra y venta que se llevan a cabo en un marco categóricamente opuesto al del empresario comprometido con la contribución al erario público, las inversiones y la generación de empleo sustentable y registrado. En este escenario de inequidad, conviven la falta de garantía en los productos y servicios; instalaciones inadecuadas; falta de higiene; la posibilidad de no tributar al Estado; el empleo en negro; el desorden; y la inseguridad en su amplio significado e implicancias.

A instancia del Poder Ejecutivo, los diputados aprobaron el año pasado una ley para normalizar los denominados “complejos no convencionales”, a partir de la constitución de un marco regulatorio para la instalación, mantenimiento y funcionamiento de los establecimientos comerciales. Es un inicio de las políticas estrictas y desde ya saludables que espera el empresariado. Sin embargo, esta decisión por si sola no es suficiente. Tendrá que ser respaldada por los municipios (que también serán directos beneficiados), bajo cuya jurisdicción tienen lugar los controles y verificaciones pertinentes. Ello implica, que las administraciones comunales tendrán que ordenar y fortalecer sus respectivos órganos de contralor para responder de manera eficiente y acorde a los cambios que reclaman todos quienes ratifican día a día su compromiso con el crecimiento de los jujeños.

El relevamiento de la CAME no puede pasar desapercibido. Tiene que constituirse en disparador de debate, de acuerdos y de coordinación, en un marco de alianza estratégica multisectorial del ámbito empresario y de los organismos de administración pertinentes. Si el objetivo común es concebir y luego implementar un programa conducente a la erradicación del comercio ilegal y a la inclusión formativa del comerciante en calidad de contribuyente socialmente comprometido, habrá que profundizar acciones de revisión y simplificación operativa del sistema administrativo, recaudatorio y de contralor en todos sus niveles; acentuar las potencialidades actuales del sistema y, dada la necesidades o falencias detectadas, remover los factores impeditivos o desalentadores a la formalización y educación contributiva del comerciante irregular; y propiciar, en un ambiente de proactividad y avenimiento, la socialización de tales medidas.

El comercio formal es un sector neurálgico de la estructura económica jujeña, básico para las políticas de desarrollo armónico e integral que se persigue con ahínco. La franca expansión de la irregularidad, demanda urgentes acciones correctivas. El municipio no puede seguir dilatando una movida estratégica en el tablero, que involucre el compromiso de todos los actores en un sistema regulatorio que contemple incentivos y promociones a la actividad comercial, medida que, desde ya, implica la necesidad de plantear un acuerdo social orientado al crecimiento general y sustentable de Jujuy.

Autoridades y funcionarios, directos responsables de la fiscalización, tendrán que tomar nota de esta acuciante situación y comprender que no todo es posicionamiento político y proyecciones electorales, pues arrastran una lucha contra la ilegalidad que, hasta aquí, solamente dejó heridas traducidas en frustraciones e impotencia, escribiendo capítulos de tibias acciones de remediación que nunca se constituyeron en una verdadera política estructural que ataque el problema de fondo.