Comenzó el juicio oral y público contra el suboficial de la Fuerza Aérea retirado Gregorio Rafael Molina (70) imputado de 40 delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar mientras era guardia en el centro clandestino de detención conocido como "La Cueva", que funcionó ilegalmente en el sótano de la sala de radares de esa fuerza.

Molina se negó a declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, que se constituyó para juzgar estos hechos con la presidencia de Juan Leopoldo Velázquez, e integrado por Beatriz Torterola y el conjuez Juan Carlos París.

Como ya se dio a conocer Molina fue imputado de los homicidios "agravados por alevosía y ensañamiento" de los abogados laboralistas Norberto Centeno y Jorge Candeloro, además de la privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y apremios ilegales de otras 38 personas detenidas ilegalmente en "La Cueva". También, se formó causa por separado para ser juzgado por el delito de varias violaciones cometidas contra mujeres allí detenidas, a las que accedía sexualmente, según figura en la causa, después de someterlas a sesiones de torturas.

El juicio en esta primera jornada fue seguido por una gran cantidad de personas, entre ellas, representantes de distintas organizaciones de Derechos Humanos. Se extenderá, en lo que tiene que ver con la declaración de testigos que en principio serían 45, hasta el 20 de este mes aunque se presume que se prolongará hasta los primeros días de junio.

El inicio de la audiencia, que estaba programado para las 9 debió prolongarse por casi dos horas, a la espera del nuevo abogado particular del imputado, Eduardo Sanemeterio, que provenía de Capital Federal.

La parte acusadora se constituyó con numerosos funcionarios y abogados. Además del fiscal general de Cámara, Daniel Adler, se hallaban Horacio Azzorín, María Eugenia Montero y Juan Portela. Por el lado de la querella, acompañaban al vicepresidente del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Alfredo Jozami, sus pares César Sivo, Alberto Rodríguez y Gustavo Marceillac, junto con Natalia Messineo.

Piden agregar 31 testigos

En primer lugar se dio lectura a la acusación fiscal, con la plena adhesión de la parte querellante. Y posteriormente, el doctor Sivo realizó como cuestión preliminar un pedido -que será considerado por el Tribunal- para que se sumen otros 31 testigos al debate. El objeto, según lo manifestó el autor de la iniciativa es "para demostrar que los hechos aberrantes cometidos por Molina no constituyen episodios aislados, sino un plan sistemático de represión orquestado desde las juntas militares que tomaron el poder en aquellos años".

Molina, que nació en Chilecito prestó servicios en la Base Aérea local entre abril de 1974 y febrero de 1982. Y cuando fue detenido se hallaba radicado en la localidad cordobesa de Alta Gracia.

En cuanto a la actuación que le cupo, según surge de la causa y se ventilará con detalles en las audiencias sucesivas, era encargado de custodiar a los detenidos ilegalmente en "La Cueva". Pero también formaba parte de las tristemente celebres "patotas". También, se expuso que participaba en las sesiones de tortura a la que eran sometidos todos los que estaban alojados en el lugar.

Plan sistemático

Sobre la forma de actuar de estos grupos, que por su coincidencia con otros casos revelaría que se trata de algo planificado, consistía -expusieron- "en realizar una labor de inteligencia para detectar a los que denominaban subversivos o relacionados con estos supuestos sectores".

"Seguidamente -continuaron-, se procedía a su secuestro e incluso de familiares y otras personas que estaban junto a ellos que, en algunos casos después de unas horas, eran dejados en libertad. Cuando eran privados de la libertad de manera ilegal se les vendaba los ojos o se los encapuchaba".

Y agregaron que "desde allí, en la mayoría de los casos, se los llevaba a comisarías, para después derivarse a los centros clandestinos de detención como 'La Cueva', donde se les aplicaba toda clase de torturas físicas y psicológicas, como también se los sometía a vejámenes y actos de humillación", con el objeto de que "dieran nombres de otras personas para detenerlas y someterlas al mismo suplicio".

También, se puso de relieve que "la oficialidad les daba a los cuadros inferiores, como el caso de Molina, amplio poder de discrecionalidad sobre la integridad y la vida de los detenidos, con los que se seguían distintas conductas: se los podría dejar en libertad, se los mantenía detenidos bajo el mismo régimen o se los eliminaba, en algunos casos fraguando enfrentamientos entre grupos subversivos y fuerzas de seguridad".

Lo apodaban "Charly"

Molina, según también aparece en el auto de elevación a juicio realizado por el juez federal Alejandro Castellanos, fue reconocido fotográficamente por sus víctimas. Su apodo era "Charly", por su notable parecido con el actor norteamericano ya fallecido, Charles Bronson. Además, lo reconocieron por el timbre de voz.

Sobre los homicidios de los abogados Centeno y Candeloro, secuestrados ilegalmente, junto con otros colegas, en la tristemente célebre "Noche de las corbatas", algunos de los testigos señalaron que Molina "después de torturarlos les habría dado agua para provocarles un paro cardíaco".

También, sobre Molina, como para exponer el tipo de persona de que se trata, se dio a conocer, citando expresiones contenidas en su legajo, que en ocasiones "había sido sancionado por concurrir en estado de ebriedad a su trabajo".