La iniciativa fue presentada por el diputado opositor Miguel Figueroa Vicario. El impulso del proyecto tiene su correlato en una situación que vivió la Cámara, cuando se realizó el pedido de interpelación al secretario de Minería, José Sinner. En esa oportunidad se fundamentó la interpelación en base a la Ley Nacional 25.188 de Ética Pública. Se trata de una ley que reúne diversos instrumentos de orden internacional que hablan de la ética parlamentaria. Incluso, hay entidades que presentaron manuales de ética para desarrollar la actividad y decoro del cuerpo, además de los distintos poderes del Estado.

Al respecto, el diputado Mario Perna (FCS) dio a conocer uno de los puntos de vista que analizaron los legisladores en el seno de la comisión.

"Hay un problema de base jurídica en orden a que la Ley de Ética Pública nacional, que prevé la constitución de una comisión de ética pública, hasta el día de la fecha no ha sido conformada y ya pasaron diversos gobiernos", manifestó Perna.

A su vez, recordó que la ley 25.188 surgió durante el retiro del poder del entonces presidente Carlos Menem.

"Después vino la gestión de la Alianza, los diversos presidentes tras la caída de (Fernando) De la Rúa y las gestiones de los Kirchner. Indudablemente no se avanzó en este tema y demuestra la escasa vocación política que hay para introducir una reforma política en serio del sistema político argentino. Es una ley que, de ser aplicada, atacaría de fondo el esquema de la reforma política de la cual tanto se habló después de 2001", subrayó el diputado oficialista.

La comisión presidida por el justicialista Gustavo Saadi continuará debatiendo y analizando antecedentes de la ley en sucesivas reuniones de los lunes.

Perna indicó que la comisión inició su análisis solicitándole al autor de la iniciativa que se avance en orden a profundizar los contenidos que le darían a la norma en la provincia de Catamarca.

Emergencia laboral

El diputado Figueroa Vicario presentó ayer un proyecto en el que insta a los representantes catamarqueños en el Congreso, a que promuevan la declaración de la emergencia laboral en el país, con la prohibición de efectuar despidos y reimplantando la doble indemnización ante despidos sin causa, por el término de un año. De esta manera, argumentó, se atenderían los posibles coletazos de la crisis financiera internacional.