El proyecto del diputado oficialista Alejandro Rossi para que los jueces den examen cada cuatro años completa el combo de iniciativas y declaraciones del kirchnerismo que busca poner límites al Poder Judicial. El hermano del jefe de la bancada K, Agustín Rossi, propuso que los magistrados demuestren periódicamente su idoneidad o, de lo contrario, sean sometidos a juicio político, lo que despertó la reacción de toda la corporación y de la oposición, quienes coincidieron en la inconstitucionalidad de la idea.

"¿El diputado Rossi, además de comisario de la Gestapo, es abogado?", preguntó en voz alta el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo, y continuó: "Porque, si es así, él tendría que dar un examen porque ignora la Constitución". La Carta Magna establece expresamente que los jueces permanecerán en sus cargos mientras dure su buena conducta y sólo son removibles por juicio político.

La del juez Recondo fue una de las tantas respuestas que se escucharon ayer tras la presentación del proyecto en la Cámara baja. Es que la iniciativa no es la primera que intenta "castigar" a los jueces. Desde las intervenciones del Poder Judicial en torno a los DNU y más aún con el avance de los proyectos de la oposición para reformar nuevamente el Consejo de la Magistratura, el oficialismo envía un mensaje tras otros a quienes deben aplicar normas y leyes.

En un exabrupto del que luego debió pedir disculpas públicas, el propio Alejandro Rossi había pedido la semana pasada que a futuro antes de designar a un juez se investiguen aspectos de su vida privada como "si están casados entre sí y hasta a qué colegios van sus hijos".

Frente a estas propuestas, Recondo consideró que el Frente para la Victoria "discrimina" a los jueces y que la situación "pasa a ser un tema de protección de los derechos humanos". Y, parafraseando a Bertolt Brecht, advirtió: "Hoy son los jueces, mañana los empresarios, pasado los periodistas".

La posibilidad de que la Corte Suprema limite el uso de los decretos de necesidad y urgencia volvió a poner en escena los embates del Gobierno contra la Justicia. Retomando las acusaciones de Néstor Kirchner, quien habló de la existencia de un "partido judicial", el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo que en los tribunales existe un sector con "vocación por gobernar". En el mismo tono, durante su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, la presidenta Cristina Fernández cuestionó duramente al Poder Judicial. A tal punto que la Corte Suprema respondió con un comunicado en el que exigió al Ejecutivo "mesura y equilibrio". La guerra no terminó.

OPINIÓN

El desarrollo petrolero y la soberanía sobre las islas

Jorge Lapeña (El documento está firmado por ocho ex secretarios de Energía. Además de Lapeña, Roberto Echarte, Raúl Olocco, Julio César Aráoz, Daniel Montamat, Emilio Apud, Alieto Guadagni y Enrique Devoto)

Frente a la decisión británica de avanzar en tareas de exploración petrolífera en la plataforma continental en el mar que rodea las islas Malvinas, manifestamos que esa actitud menoscaba nuestros derechos a la explotación económica exclusiva de dichos recursos. Es por ello que expresamos nuestra adhesión a los reclamos formulados desde el Gobierno nacional y otros órganos de la sociedad civil respecto a la defensa de nuestros intereses permanentes.

Gran Bretaña mantiene aún resabios de su historia colonial, que en América se expresa actualmente casi con exclusividad en la ocupación del archipiélago de Malvinas. Estimamos que en el futuro la cuestión de fondo será inexorablemente resuelta conforme al derecho internacional, resguardando los intereses de los habitantes. Pero es indudable que la explotación de eventuales reservas de hidrocarburos en la inmensa superficie marina que circunda las islas que pertenece a la plataforma continental argentina constituye un hecho nuevo, típico del colonialismo en el siglo XXI.

Hemos propuesto al Gobierno nacional y a las fuerzas políticas los lineamientos de una política de Estado para el sector para los próximos 20 años, que incluye como tema prioritario la exploración y explotación de los hidrocarburos de todas las cuencas sedimentarias de nuestra plataforma continental como forma de revertir la actual decadencia productiva.

En este contexto afirmamos que no es conducente la queja sin el acompañamiento de la acción. Es correcto denunciar que no corresponde explotar riquezas de un territorio en disputa, pero además es perentorio afrontar la exploración del mar argentino en su inmensa superficie casi virgen, sin conflicto alguno jurisdiccional y con el invalorable apoyo logístico que significa todo el territorio argentino y la industria petrolera argentina con experiencia de más de un siglo.

Este capítulo merece un tratamiento urgente, por lo que ponemos a consideración del Gobierno (Poder Ejecutivo y Congreso Nacional) y de las fuerzas políticas una propuesta específica que implica.

a) Diseñar un plan estratégico para la exploración de hidrocarburos durante la década 2011-2021 en el mar continental Argentino (incluidas Malvinas), que pertenece a nuestra zona económica exclusiva. Debería denominarse plan argentino para el desarrollo hidrocarburífero en el mar (PDHM).

b) El PDHM deberá ser aprobado por una ley del Congreso Nacional.

c) Estará destinado a estimular la actividad exploratoria mediante la movilización de aportes y esfuerzos de capitales genuinos de riesgo dispuestos a cooperar con el Estado nacional.

d) Se promoverá la participación de empresas e inversores de todo el mundo, priorizando a la región.

e) Para ello resulta imprescindible que la estabilidad jurídica y la previsibilidad tributaria sean consagradas por esta ley, de manera que los inversores que asuman el riesgo exploratorio cuenten con reglas claras, competitivas y estables.

f) La licitación pública abierta será el instrumento central para promover la actividad exploratoria.

g) Se deberá crear un organismo del Estado, autónomo, en reemplazo de Enarsa, que será la autoridad de aplicación de la ley.