El texto de los convenios de concesión para la distribución del servicio público de energía eléctrica que el Estado provincial y las cooperativas firmaron en 1996, por un plazo de 60 años, es muy claro y no admite segundas lecturas. Allí dice que la infraestructura que se utiliza para la prestación del servicio, incluidas las columnas, será restituida y transferida "en propiedad" al concedente al finalizar la concesión. O sea que si las columnas deben ser devueltas en propiedad al Estado es porque hoy son propiedad de las cooperativas.

Esa definición puede leerse en el artículo del acta-acuerdo referido a bienes afectados al servicio. En ese punto se indica textualmente: "Las redes, líneas de transmisión, transformadores y estaciones de transformación, afectadas a la prestación del servicio, y todos los demás de la misma especie que se incorporen a partir de la vigencia del presente convenio, serán en su caso restituidos y transferidos en propiedad del concedente al finalizar la concesión".

Añade que los bienes que "se encuentren amortizados serán transferidos sin cargo alguno, y a aquellos que se encuentren en etapa de amortización, se les reconocerá por parte del concedente la amortización restante".

De esas palabras queda en claro no solamente que las columnas son propiedad de las cooperativas por 43 años más -por lo que ellas estarían en condiciones de fijar y cobrarle los cánones a las empresas de televisión por cable-, sino que solamente deberán entregarle al Estado la infraestructura incorporada a partir de 1996, pero no la anterior.

Seis décadas.

Los acuerdos individuales con las entidades tienen un texto uniforme y fueron firmados durante el gobierno de Rubén Hugo Marín. En nombre del Estado provincial los rubricó el entonces presidente de la Administración Provincial de Energía, Jorge Daniel Belenda, con los presidentes y secretarios de cada cooperativa.

Las concesiones son por 60 años y vencen en el año 2056, con una renovación automática por cinco más. Si alguna de las partes se opusiera a esa renovación automática, debe avisarlo con una antelación mínima de un año, o sea en 2055.

En menor medida el acta también se refiere a otro punto que volvió a levantar polémica en los últimos días entre la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas (Fepamco) y el gobierno provincial. Es el de la ocupación del dominio público.

De acuerdo a lo que las partes firmaron hace 17 años, quedó establecido que el concesionario "tendrá derecho a la ocupación y uso gratuito de los caminos, calles, avenidas, plazas, puentes, terrenos y demás lugares del dominio público provincial, su subsuelo y espacio aéreo, que fueran necesarios para la colocación de las instalaciones y ejecución de los trabajos requeridos" para cumplir con el acta-acuerdo. Luego agrega que cuando se trate del dominio público nacional y municipal se deberá solicitar autorización ante los organismos pertinentes.

"No hay ningún anexo II".

Una calificada fuente del movimiento cooperativo aseguró ayer que "no conozco ninguna cooperativa que haya firmado el anexo II". Con esa frase hizo referencia al artículo de los convenios de concesión que habla sobre los bienes afectados al servicio. ¿Qué dice ese texto? Que "en el anexo II se detallan los bienes de dominio privado del Estado que el concedente cede en uso y tenencia al concesionario, a los fines de este convenio, con plena vigencia de las obligaciones de íntegro mantenimiento y uso normal, conforme a su naturaleza y destino, para la prestación más eficiente de los servicios".

En pocas palabras, cada cooperativa debió haber recibido en 1996, a través de ese anexo, los bienes que transfirió el Estado provincial para la prestación del "servicio público de energía eléctrica en la etapa de distribución". Pero si ninguna los rubricó significa que el Estado no traspasó ningún capital para colaborar con las prestaciones. Ello respalda aún más la postura de la Federación Pampeana de Cooperativas Eléctricas de que bajo ningún concepto las instituciones solidarias tienen que devolver el patrimonio propio anterior a 1996, lo que incluye las columnas colocadas antes de ese año.

Otro detalle no menor es que el Ministerio de Obras Públicas aún no habría respondido un recurso jerárquico presentado por la Fepamco a principios de 2012, en el marco del reclamo administrativo contra la resolución 32/12 de ese organismo. La medida, que fue dispuesta con el supuesto objeto de regular el uso de las columnas eléctricas para servicios complementarios como internet, telefonía y televisión, terminó siendo confiscatoria para las cooperativas.

La firma de la CPE.

En el caso de la CPE el convenio se rubricó el 28 de febrero de 1996. Del acto participaron Belenda, los gerentes de explotación y administración de la APE, Felipe Valdez y Jorge Payeras (hoy gerente general de la Dafas), respectivamente; el fallecido presidente de la entidad, Claudio Pérez Martínez y el secretario Hugo Celeste Martina, actualmente distanciado de la conducción. Ya en aquel momento, según las crónicas de la época, había rispideces entre las partes. La fecha no fue casual: Marín necesitaba decir algo del tema en la inauguración de las sesiones ordinarias de la Legislatura.

“Me suena a capricho del gobernador”.

En el marco de la presentación de su fórmula en Eduardo Castex, el precandidato del Frepam, Francisco Torroba, sostuvo en relación a la disputa que mantiene el gobierno provincial con Fepamco que la situación “suena a capricho del gobernador”. Las expresiones fueron vertidas en conferencia de prensa, tras presentar en esa localidad a Patricia Testa y a la actual concejal castense Marta Soma.

Torroba, de recorrida por el norte de la provincia, visitó ayer la localidad de Castex y La Maruja. Sostuvo que “el gobierno provincial no tiene una política provincial que priorice un trabajo conjunto con el movimiento cooperativo”. A la vez, agregó que “el movimiento cooperativo en La Pampa tiene una historia social y económica” y que “la negativa del gobierno provincial a reconocer la propiedad de las columnas suena a capricho del gobernador”.

Al finalizar la tarde, Torroba, acompañado de Patricia Testa y Marta Soma, visitaron La Maruja, donde mantuvieron una reunión con autoridades del Comité local y una cena con afiliados y simpatizantes del Frepam.