En noviembre de 2009, en su número 17, Desafío Económico daba cuenta de un ambicioso proyecto inmobiliario llamado Colony Park, cuyo principal objetivo era el de construir un country náutico en una isla del Delta, sin contacto con el continente y al que se llegaría en transbordador, en una extensión aproximada de 300 hectáreas. A pesar de la coqueta y atractiva iniciativa, un problema comenzaba a flotar a orillas del río Paraná.

En agosto de 2008, Colony Park, con la ambición de concretar su moderno plan, arrasó por primera vez con las viviendas de 20 familias, ubicadas a orillas del arroyo Anguila y el canal Vinculación.

Luego, volvieron a rearmar sus hogares con la única intención de vivir tranquilos y en paz, pero las máquinas de la empresa volvieron un 25 de mayo de 2009 para romper -otra vez- lo que los habitantes habían construido con sus propias manos.

En ese entonces, el argumento de la empresa era que los vecinos no poseían el título de la propiedad. Sin embargo, la ley de Posesión veinteañal permite que si una familia permaneció en el terreno durante más de 20 años en forma pacífica, pública e ininterrumpida y, además, le hace mejoras sustanciales, tiene derecho a reclamarlo como propio.

A todo este conflicto hay que sumarle que las obras comenzaron sin la autorización del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) ya que, en ese momento, no fue aceptado para llevar a cabo los respectivos estudios de impacto ambiental por parte de la Justicia.

Finalmente, con estos antecedentes el 29 de agosto de 2009 se dictó una medida cautelar que paralizó las obras. Ese fallo fue ratificado por la Justicia dos meses después. Sin embargo, las obras continuaron y los problemas, también.

Recientemente, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado (en su carácter de titular de la Fiscalía Federal N° 1 de San Isidro, en el marco de la causa caratulada “Ferreccio, Enrique Carlos s/denuncia, N° 2.843/08 del registro de la secretaría N° 7, del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro) dispuso preventivamente la clausura de las instalaciones correspondientes a los emprendimientos “Isla Colony Park” y “Parque de la Isla”, ubicadas en la primera sección de islas del Delta del Paraná, con el fin de garantizar la paralización de las obras que respecto a estos emprendimientos allí se llevan a cabo.

Según la empresa, “la protección de las especies autóctonas, contribuyendo a la conservación de la diversidad biológica, respetando lo natural, con un tratamiento ambiental responsable y sustentable en el tiempo (...) son nuestras premisas”.

Además, la Justicia dispuso que el OPDS, como autoridad ambiental de la provincia de Buenos Aires, debe cumplir con una estricta supervisión periódica de los emprendimientos mientras dure la clausura preventiva, con el fin de verificar que no se continúe con la ejecución de las obras.

Esto será hasta que la empresa constructora cumpla con la legislación vigente y realice los correspondientes estudios de impacto ambiental. Con esta determinación por parte de la Justicia no sólo se está asegurando el lugar, sino que además, se está velando por la integridad y seguridad de las personas que se encuentren en las adyacencias del proyecto.

Si bien se había denunciado una suerte de laissez faire por parte de la Comuna de Tigre, el intendente de ese distrito, Sergio Massa, celebró el fallo de la Justicia. “No vamos a permitir que destruyan las islas”, aseguró una vez conocido el fallo.

Los “isleños” son los mismos que fueron desalojados para que este megaemprendimiento se lleve a cabo y los que pelean desde hace tiempo. Simplemente este fallo fue una caricia, pero no la solución definitiva.