Así lo afirmó el ministro consejero para el Diálogo Social, Luis Eduardo Garzón, al señalar que desde que empezó el ciclo de diálogos el lunes pasado hay puntos "inamovibles" para unos y otros que impiden llegar a acuerdos.

El ministerio arremetió el viernes contra los líderes campesinos, a quienes, además, acusó con supuestas pruebas de tener vínculos con la guerrilla de las FARC.

Según la cadena Telesur, las autoridades condicionaron de nuevo el diálogo al levantamiento de los bloqueos de las rutas pero los campesinos ratificaron que sólo lo harán cuando se logre un compromiso final.

Entre las demandas también piden la suspensión de cultivos ilícitos, el no desarrollo de grandes proyectos mineros en la región y la garantía de que se respeten los Derechos Humanos.

Una de las líderes de la protesta, que llegó a congregar a unos 16.000 manifestantes, Gilma Tellez, dijo que están cansados de tantas promesas, que solo se plasmaban en papeles.

"Si desbloqueamos las vías estoy segura que el Gobierno volverá a incumplir", subrayó, según publica hoy la agencia Prensa Latina.

"Les hicimos una propuesta concreta de inversión contemplada en el Plan Catatumbo y ellos dicen no, que solamente aceptan la inversión si se acepta el tema de la Reserva Campesina", expresó en ese sentido Garzón en diálogo con Blu Radio, según publica El Espectador.

Garzón agregó que insistirá en un acuerdo, pero no descartó otros canales: "Nos toca hacerlo con alcaldes y autoridades", indicó.

En paralelo, la ONU y el Gobierno colombiano intercambiaron críticas respecto estas protestas campesinas de la región, después de que el Ejecutivo tildara de "irresponsables" las denuncias de Naciones Unidas sobre el uso excesivo de la fuerza.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió ayer un comunicado en el que denunció que durante las manifestaciones en el Catatumbo hubo un "uso excesivo de la fuerza" por parte de las autoridades.

"La Oficina (de la ONU) pudo constatar: por un lado, que en las protestas campesinas hubo disparos con fusiles de alta velocidad, usualmente de dotación de la fuerza pública, y por lo tanto, indicaría uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes", decía el comunicado.

La ONU daba así respuesta a la muerte por disparos de cuatro campesinos durante las protestas que, desde hace un mes y un día, tienen bloqueada parcialmente la región.

La reacción del Gobierno no se hizo esperar y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tildó de "irresponsable y temerario" hacer cualquier afirmación sobre la muerte de los campesinos hasta que la Fiscalía haya determinado las circunstancias en que esas personas perdieron la vida.

Por su lado, el director de la Policía Nacional, general José Roberto León Riaño, defendió hoy como "profesional" y "gradual" la actuación de la fuerza pública y aseguró que "hubo la necesidad de actuar con contundencia y vehemencia para evitar males mayores a la población" en algunas arremetidas de los manifestantes.

Ante la reacción del Gobierno, el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Todd Howland, defendió el posicionamiento de su Oficina.

"Hay pocos que tienen estas armas largas (en Colombia): la fuerza pública, el movimiento rebelde y las bandas criminales y en este caso podemos ver que la fuerza pública (...) estaba en el lugar", dijo Howland, según publica hoy la agencia EFE.

Howland también invitó a la Fiscalía a que investigue "si la fuerza pública utilizó o no su fuerza de forma apropiada".

Las diferencias se registran a pocos días de que Pillay inicie una visita oficial a Colombia, entre el 16 y el 19 de julio, en respuesta a una invitación anterior del Gobierno.

Durante su visita, Pillay se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos; el vicepresidente Angelino Garzón, así como con varios ministros y altos funcionarios del Poder Ejecutivo.

También se encontrará con el fiscal General, Eduardo Montealegre; el procurador Alejandro Ordóñez, y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora.