MANIFESTAMOS nuestra profunda inquietud por los efectos que produce la denuncia mediática de la cual se hicieran eco algunos medios periodísticos, que genera un manto de sospecha sobre la honorabilidad y ética de jueces y funcionarios.

LA DENUNCIA MEDIATICA genera muchos efectos no deseados, aún para las propias personas involucradas, y eso provoca mucha incertidumbre en la ciudadanía, en particular en aquellos que puedan tener situaciones o causas en la justicia, no importando su rol en el proceso, pues produce pérdida de confianza en las instituciones.

Ante esta situación, y con la única finalidad de informar adecuadamente y llevar tranquilidad a la ciudadanía, es que DECIMOS:

a)Que la persona denunciante fue empleada judicial, en el juzgado de instrucción N° 5, habiendo sido sometida a sumario administrativo por inconductas que fueron comprobadas, por lo que se dictaminó su cesantía, habiendo presentado su renuncia con anterioridad a que su cese se concretara. Esto ya se ha hecho saber en el año 2011, en que se desencadenaron los acontecimientos referidos a la conducta de la ciudadana Liliana Gómez, quien utilizó esta vía – y ahora lo vuelve a hacer - para tratar de desprestigiar a una magistrada y así cubrir su propio accionar.

b) Que la denuncia ante el Consejo de la Magistratura de que fuera objeto la magistrada, fue rechazada en el año 2011.Es decir que los mecanismos de responsabilidad del accionar de la jueza ya han sido puestos en marcha no encontrándose ninguna falta de responsabilidad en su desempeño.

c) Que no nos vamos a referir a los pormenores de ninguna causa judicial a que se haya hecho referencia, porque para la revisión de cualquier decisión tomada en ellas, están los RECURSOS, que ya se han agotado pues algunos de estas cuentan con fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sí destacamos que llama poderosamente la atención la reiteración en la denuncia de hechos, que no ha sido probados y que podríamos calificar de insólitos, por las circunstancias en que se dice sucedieron que no resultan ni adecuados al sentido común.

d) La disconformidad con las decisiones judiciales se deben hacer saber a través de los RECURSOS, que son actos de carácter técnico que realizan los abogados que intervienen en la causa, quienes tambien tienen obligaciones que cumplir para con sus defendidos y en el desarrollo de la causa, a la cual tienen acceso y pueden notificarse, es decir, tomar conocimiento de las decisiones que se registran en su desarrollo. Por lo tanto SOSTENEMOS que un juicio se desenvuelve con la participación responsable de todos sus operadores; juez, fiscales, defensores, querellantes, y los integrantes de la comunidad de trabajo, circunstancia que debe ser observada al momento de “juzgar”, las decisiones judiciales.

NO DESCONOCEMOS que estamos sometidos a un permanente y severo escrutinio de la ciudadanía, afirmación que no es una crítica, sino un reconocimiento de la responsabilidad de la función judicial.

SOSTENEMOS que, la libertad de prensa, y el derecho a la información de los ciudadanos, dos derechos que van indisolublemente unidos, hacen a la esencia del sistema republicano, y LOS RESPETAMOS.

NO AVALAMOS conducta incorrectas, pero tampoco podemos guardar silencio ante situaciones que no contribuyen a preservar la confianza en las instituciones.