El martes 23 de abril el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul emitió un pronunciamiento sobre los seis proyectos de reforma del Poder Judicial de la Nación que están siendo tratados en el Congreso.

En primer lugar, la entidad hace alusión al origen histórico, en el marco de la Revolución Francesa, de la división del poder del Estado y del surgimiento luego en nuestro territorio de la República Argentina con la aprobación de su Constitución Nacional sobre la base de los principios representativo, republicano y federal. Además hace mención al proceso de creación del Consejo de la Magistratura,"cuyas funciones principales son seleccionar y promover la remoción de los jueces federales por faltas graves o mal desempeño de sus funciones" y que "la integración pluralista busca evitar una justicia dependiente de las mayorías que, circunstancialmente, dominan los otros dos Poderes".

A continuación, el Colegio recuerda que en el 2006 se modificó la integración del Consejo de la Magistratura que de 19 pasó a tener 13 miembros. En la actualidad, el Poder Ejecutivo Nacional ha presentado un nuevo proyecto "que apunta a modificar nuevamente la composición del Consejo de la Magistratura de la Nación y modificar el método de designación de sus miembros (especialmente de los Jueces, de los Abogados) para controlar la designación y remoción de Jueces y evitar ser controlado. Los representantes de los Jueces Federales, de los Abogados y de los ámbitos académicos y científicos deberán ser elegidos por el voto popular. No así los representantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo Nacional, marcando una clara contradicción. Este procedimiento vulnera el art. 114 de la Constitución Nacional (representando una reforma constitucional encubierta), permitiendo a quienes gobiernan el país a manejar discrecionalmente el mecanismo de selección y remoción de los Jueces Federales. De esa manera no habrá equilibrio de poderes, ni mecanismos independientes de control", afirman los profesionales.

Y la declaración del Colegio continúa examinando el segundo de los proyectos presentados que "apunta a la regulación de las medidas cautelares en los que el Estado Nacional y sus entes descentralizados sea parte, con la clara y manifiesta intención de evitar que los Jueces Federales suspendan la aplicación de leyes y decretos que perjudiquen a los ciudadanos. La sociedad debe recordar los amparos presentados por particulares para sacar el dinero atrapado en el corralito desde fines de 2.001. Es decir, restringe a los Jueces Federales la facultad de decretar medidas cautelares cuando el Estado toma decisiones que vulneran derechos y garantías de los ciudadanos. Pero, de manera contradictoria, el proyecto de ley de regulación de las cautelares le permite al Poder Ejecutivo Nacional que se decreten a su favor medidas cautelares, consagrando un privilegio insostenible a favor del Estado y en perjuicio de los ciudadanos".

Los abogados que dirigen la entidad colegiada realizaron también un análisis del tercer proyecto del P.E.N. que busca la creación de las Cámaras de Casación en materia Contencioso Administrativo Federal, Trabajo y de la Seguridad Social y en lo Civil y Comercial de la Nación para entender en los recursos de casación, inconstituciona-lidad y revisión interpuestos contra las Cámaras Federales de Apelación de todo el país, creando una cuarta instancia en los procesos judiciales (ejemplo juicios de los jubilados y pensionados contra el A.N.Se.S.). Dicen que "el efecto que producirá es que los procesos serán aún más lentos. Por otra parte, si se modifica el mecanismo de designación de jueces por la reforma al Consejo de la Magistratura, la integración de las Cámaras de Casación responderá a la decisión del oficialismo de turno y constituirá una instancia que protegerá a los funcionarios públicos investigados por delitos en el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, analizaron el cuarto proyecto del P.E.N. que dispone la obligatoriedad de publicación en Internet de las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Cámaras de Apelaciones, en las formas y condiciones que allí se determinan, "constituyendo una intromisión inexplicable en cuestiones administrativas del Poder Judicial de la Nación", opinaron los directivos del Colegio. En tal sentido, consideraron que deben informar que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación está implementando un moderno sistema informático para la publicidad de las sentencias, pero fundamentalmente buscando la celeridad, economía y transparencia de los procesos judiciales. Y, si no se ha implementado aún, es por la falta de recursos del Poder Judicial para poder implementarlos rápidamente".

Con respecto al quinto proyecto que está destinado a regular el ingreso del personal al Poder Judicial de la Nación y al Ministerio Público Fiscal de la Nación, destacan que "algunos cargos están exceptuados (empleados de la Corte Suprema de Justicia, secretarios, entre otros)" y que "la objeción que merecen es que serán designados por el Consejo de la Magistratura de la Nación que, como explicamos anteriormente, estará dominado por el oficialismo de turno. Justamente quien impulsa la rápida sanción para poder nombrar a través del Consejo los ingresantes al Poder Judicial y logrando entrometerse absurdamente en áreas de incumbencia hasta hoy de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los Jueces y Fiscales nacionales", aseguran.

Sobre el sexto proyecto del P.E.N. observan que "dispone la obligatoriedad de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos de la Nación, siendo pública y de libre accesibilidad a través de Internet, sin ningún efecto sobre los procesos judiciales y la composición del Poder Judicial de la Nación", indican en el pronunciamiento los representantes del Colegio.

Finalmente, el Colegio de Abogados de Azul arribó a la conclusión de que "ninguno de los seis proyectos del Poder Ejecutivo Nacional enviados al Congreso Nacional buscar mejorar el servicio de administración de justicia, sino reemplazar a la República por una Monarquía; o, si quiere interpretar, como el gobierno absoluto de las mayorías".Y agrega por último que la Abogacía organizada "ha emitido en diversas oportunidades sobre la conveniencia de adoptar una serie de medidas, de forma y de fondo, que permitirían mejorar sensiblemente la administración de justicia en nuestro país" y que sin embargo "no se nos ha consultado, pero estamos a disposición de la República, exigiendo la vigencia de la Constitución Nacional y de las instituciones del Estado; y, fundamentalmente, defendiendo los derechos y garantías de todas aquellas personas que habiten o circulen por nuestro territorio, sea cual fuere su raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social".