De hecho, el fiscal Ramiro González, al requerir el viernes pasado la apertura de una investigación, le solicitó al juez Luis Rodríguez que secuestre los legajos de los policías imputados y recabe información de todos los otros procedimientos en los que intervinieron a pedido del juzgado federal penal 5 porteño, a cargo de Oyarbide, y con intervención de la secretaría 9, a cargo de Carlos Leiva.

La denuncia investigada en Tribunales fue realizada por el propio Oyarbide, a través de la secretaría 10, a cargo de Pedro Diani, luego que se presentaran en su juzgado un financista llamado Guillermo Greppi, y su abogado, Fernando Jorge Torres.

Greppi y Torres aseguraron ante Oyarbide que policías de la División de Investigaciones Federales de Organizaciones Criminales (DIFOC) les habían exigido el pago de 300 mil dólares para “frenar” la causa. Llevaban una orden de allanamiento supuestamente firmada por Oyarbide y Leiva.

Greppi está a cargo de la Asociación Mutual Propyme, allanada el jueves 19 por personal de la DIFOC, encabezada por Fabio Ascona, en el marco de una causa por lavado de dinero. El juez Rodríguez dispuso que declaren como testigos todos los empleados de la mutual que estaban presentes ese día para tratar de confirmar lo afirmado por Greppi.

El lugar funcionaría como uno de los más importantes lugares de cambios de cheques en la City porteña. Oyarbide ya había utilizado a la DIFOC para causas como la de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, con un centenar de imputados o en la que investigó presuntos delitos en las ventas de jugadores de fútbol al exterior. Por ahora, dijeron las fuentes, sólo están imputados los policías.