Los acusados Enrique Romero Oneto y Carlos Oppezzo pidieron este martes, al iniciarse el juicio por las coimas en el acueducto del Río Colorado, que se dicte la prescripción de la causa. Tras un cuarto intermedio, el fiscal Jorge Marcelo Amado rechazó el planteo por extemporaneo. Los jueces definirán recién en el final del juicio, según anticiparon.

Ni Romero Oneto ni Oppezzo quisieron declarar este martes. Reservaron ese derecho para más adelante. 

El debate comenzó a las 9 de la mañana y la lectura de la acusación se extendió por más de una hora. Este martes declaró solo un testigo: el ex funcionario Raul Arturo Crespillo, que no aportó datos sustanciales.

Los acusados pretenden que se dicte la prescripción de la causa bajo el argumento de que ya pasaron 11 años del hecho investigado. Además, el defensor de Romero Oneto, el abogado Sebastián País Rojo, recordó que su defendido dejó de ser funcionario el 24 de octubre de 2007 y recién el 6 de junio de 2012 la investigación se elevó a juicio. Esa demora, argumentó, se originó en los operadores judiciales y no en maniobras defensivas. El letrado también solició la extinción de la acción penal porque se violó el derecho a tener una sentencia en un plazo razonable. "Una pena 15 años después es claramente anacrónica", sostuvo el abogado Mariano Alomar, defensor de Opezzo.      

El juicio continuará este miércoles. Los testigos serán el exsecretario de Obras Públicas de la provincia, Raúl “Tuti” Rodríguez,  el exmiembro de la COTARC, Roberto Ángel Ambrosino, la exdiputada nacional Cristina Regazzoli y los denunciantes Omar Lara y Ricardo Caso.

Romero Oneto, antes de ser fiscal de Investigaciones, formaba parte como asesor legal primero y coordinador luego, de la Comisión Técnica del Acueducto del Río Colorado. Debía controlar al jefe de inspectores, el ingeniero Oppezzo. Se comprobó que este último le entregó durante cinco años, entre 1998 y 2003, al menos 59 cheques por un total de 86.362,50 pesos. Por ese "sobresueldo" están acusados del delito de coecho activo y pasivo, "coimas".

Según la imputación, Opezzo le pagó ese sobresueldo a Romero Oneto y obtuvo como beneficio un contrato original de 4.1 millones de pesos y luego varias ampliaciones de esa contratación. 

El juicio se desarrolla en la Cámara del Crimen Nº 1 de la Ciudad Judicial, acusados por el delito de cohecho pasivo y activo, en forma continuada, durante la construcción del primer tramo del Acueducto del Río Colorado.

La defensa de Romero Oneto la ejerce el abogado Sebastián País Rojo y la abogada Carolina Ghione y la de Oppezzo, Mariano Alberto Alomar. El tribunal lo integran los jueces Elvira Rosetti, Alejandra Ongaro y Miguel Ángel Gavazza. Y el fiscal del debate es Jorge Marcelo Amado.

Crespillo, no sabía nada

La declaración de Crespillo fue breve. Había sido subsecretario de Obras Públicas hasta 1995. Cuando se conformó la COTARC, trabajó allí como coordinador.

-¿Quién tomaba las decisiones en la COTARC, el coordiandor? -le preguntó el fiscal Amado.

-Dependía el tipo. Las decisiones de fondo, se hacía un informe técnico, lo analizaba el Consejo de Obras Públicas, y el presidente (el subsecretario de Obras Públicas) lo elevaba para la tramitación del decreto correspondiente. También intervenía la Asesoría Letrada y Hacienda, que disponía las partidas.

-¿Qué intervención tenía Romero Oneto? -consultó el abogado País Rojo.

-Era quién daba el conforme a la ley del trámite que iniciábamos o cambiábamos.

-¿Era quién elaboraba el informe técnico?

-No.

-¿Participaba en las reuniones dónde se tomaban las decisiones?

-Eran muchas. No lo tengo presente.

-¿Romero Oneto decidía sobre la tarea que tenía Oppezzo?

-Entiendo que no.

El juez Gavazza le preguntó si él sabía que Romero Oneto cobraba cheques mensualmente de parte de Opezzo. "No", respondió.

-¿Otros miembros sabían?

-No, no lo sé.

-¿Usted cobraba un sobresueldo por ser empleado público y estar en la COTARC?

-Un plus de dos tercios del sueldo por tener más dedicación. Estaba asignado por decreto.

-¿Sabía qué vínculo había entre ellos?

-No, la verdad que no. No tengo ni idea. Somos todos conocidos. Hemos trabajado juntos del '75. 

La causa

Romero Oneto y el ingeniero Oppezzo habían sido procesados por el juez Daniel Sáez Zamora por el delito de “coima” en noviembre de 2011 y en marzo del año siguiente esa resolución fue confirmada por el Tribunal de Impugnación Penal, en un fallo de la jueza Verónica Fantini.

El artículo 256 del Código Penal establece que “será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, el que por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones”.

Oppezzo era jefe de inspectores de la obra del acueducto. Está acusado de haberle pagado coimas a Romero Oneto, asesor de la COTARC y quien autorizaba el desembolso del dinero del Estado provincial por los honorarios del inspector Oppezzo, de acuerdo con el avance de las obras.

Romero Oneto debía controlar a Oppezzo en la obra. Entre 1998 y 2003, Oppezzo le entregó a Romero Oneto al menos 59 cheques de 86.000 pesos. La investigación judicial estableció que Romero Oneto favoreció a Oppezzo en algunos trámites y descartó, como argumentaron los imputados, que el pago de los cheques obedeciera a un asesoramiento profesional.

La causa se inició en 2006, a partir de una denuncia de los gremialistas Lara y Caso. El entonces juez Carlos Jorge había establecido la falta de mérito porque consideró que hubo una contraprestación por asesoramiento profesional. La misma resolución fue ratificada en 2007 por la Cámara en lo Criminal de General Pico.

Sin embargo, nunca se dictó el sobreseimiento y años más tarde la causa se reflotó y Sáez Zamora dictó finalmente los procesamientos. Romero Oneto renunció cuando un juicio político estaba a punto de destituirlo el 25 de septiembre de 2007.

El Acueducto del Río Colorado comenzó a construirse durante el gobierno de Rubén Marín, en 1998. Luego de graves irregularidades, el Gobierno se vio obligado a rescindir el contrato a la empresa de Américo Gualtieri.En 2001 se hizo cargo la UTE Techint Skanska, que la finalizó en 2005.

La sombra de la corrupción sobrevoló siempre la obra del Acueducto. Se abrió otra causa en la que se investigó el pago de presuntas coimas a funcionarios provinciales por parte de Skanska, a partir de una escucha judicial en una investigación por la adjudicación de una obra de gas nacional. Esa denuncia fue desestimada en la Justicia provincial.