El presidente Mauricio Macri presentó esta semana como un gran anuncio el comienzo de la obra de soterramiento del Ferrocarril Sarmiento. Lo hizo desde la estación Haedo, ubicada en el partido de Morón, lugar que remite inexorablemente a otra historia plagada de irregularidades, ocurrida a fines de los años 80: el fallido plan cloacal para ese municipio.

Una mirada no demasiado exhaustiva deja en evidencia los puntos oscuros de la nueva aventura de la patria contratista, ahora a ambos lados del mostrador. Por un lado, gracias a un decreto de Macri, las empresas que llevan a delante la obra del soterramiento ya no tendrán que conseguir financiamiento externo, como indicaba la licitación original, sino que gracias a un decreto presidencial el dinero lo pondrá el Estado: 45.000 millones de pesos.

Sin embargo, eso no es todo: no es un detalle menor que el consorcio de empresas que realiza la obra, beneficiado de repente por tanta generosidad estatal, sea liderado por Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri. Y menos aún cuando existen serios indicios de que Calcaterra no es más que un mero testaferro del actual presidente, verdadero propietario de las empresas favorecidas.

Apenas dos días antes del anuncio de inicio de las obras en el Sarmiento, Calcaterra le comunicó a la Comisión Nacional de Valores que su empresa se retiraba de la oferta pública. De esta manera, quedó a salvo de tener que presentar balances públicos e informar quiénes son los verdaderos dueños de la compañía.

Un antecedente emblemático

El episodio del plan cloacal para Morón quedó en la memoria de los argentinos como uno de los ejemplos más claros de la infausta relación entre el poder político y la patria contratista.

A fines de 1988, pocos meses antes de que Carlos Menem asumiera su primera presidencia, Juan Carlos Rousselot y Mauricio Macri firmaban el denominado Plan Cloacal Morón. El primero era el intendente en ese momento, y el segundo representaba a Sideco, una de las empresas del grupo capitaneado por su padre Franco.

En ese entonces, era un secreto a voces que los Macri serían los principales financistas de Rousselot para alcanzar su siguiente objetivo: luchar por la gobernación de la provincia más grande y poblada del país.

La obra orillaba los 400 millones de dólares y, financiación mediante, alcanzaría un total de 1000 millones. Pero el proyecto no prosperó: el contrato era tan escandaloso que se mantuvo en pie apenas 60 días, y debió ser rescindido.

Las irregularidades eran incontables: falta de aprobación del Concejo Deliberante, costo de la obra y tarifas excesivamente altas, inusitada celeridad en el proceso de contratación, ausencia de concurso de ofertas (Mauricio Macri era el único oferente admitido) y el compromiso de cubrir con fondos municipales durante 22 años hasta el 20% de lo que pudieran adeudarle a la empresa los propietarios morosos.

Cuando todo esto salió a la luz, significó el final de la carrera política para Rousselot. El concejo deliberante lo destituyó y luego la Justicia lo juzgó yencarceló por malversación de fondos públicos. Su contraparte, Mauricio Macri, salió indemne como tantas otras veces (contrabando, UCEP, ataque al Hospital Borda, escuchas ilegales). Quizás esa fortuna que lo acompaña a lo largo de las décadas le dio la confianza para volver al lugar donde se origina tan oscuro recuerdo, esta vez redoblando la apuesta en el inédito rol de contratista y contratado, con 45.000 millones de por medio.