Pellegrino había recibido a fines de 2009 las copias certificadas de todas las actas del juicio oral, celebrado en la Cámara de Crimen, que derivó en condenas para cuatro personas halladas culpables de fraude a la administración pública. Entre ellas fue sentenciado ex-intendente, Oscar Pepa a tres años y medio de prisión en suspenso.

Los jueces Florentino Rubio, Fabricio Losi y Alfredo Alonso remitieron la documentación al representante del ministerio público, para que investigue sí de las declaraciones de los imputados y testigos se desprendía la existencia de nuevos implicados. Pellegrino parece haber hallado suficiente razones y sospechas de presunta participación en delitos contra el Estado de, al menos, cinco personas. Según una fuente, el fiscal habría trabajado también sobre el expediente y solicitado una serie de medidas al juzgado de turno.

Durante el desarrollo del juicio, varios nombres fueron mencionados en reiteradas oportunidades por los testigos, ubicados como participantes de reuniones claves donde se debatía cómo hacer una obra en base a un presupuesto oficial con cifras desorbitadas. Esos cónclaves parecieron ser la comunión de empresarios y hombres del poder político de turno para engendrar obras públicas con costos inflados, hasta cifras obscenas.

De manera llamativa algunos de esos reiterados nombres ni siquiera fueron citados a declarar durante la etapa de instrucción, cuya investigación estuvo en manos del ahora camarista santarroseño, Hugo Díaz.

Los cinco.

En los fundamentos del fallo por el cual la Cámara del Crimen condenó al ex intendente Oscar Pepa y a otras tres personas, los jueces dejaron sentado que en el juicio no estuvieron en el banquillo de los acusados todos los que formaron parte del ardid. "Es claro que los que no estuvieron son, acaso, los de mayores responsabilidades en la consumación del fraude a la administración pública", señala la sentencia en uno de los párrafos, en alusión a los políticos y los empresarios que nunca fueron llamados a declarar, a pesar de su participación activa en el entramado de la obra sobrevaluada.

Ahora, el fiscal Pellegrino pide la indagatoria de cinco personas. Una de ellas es el marinista Oscar Negrotto, quien fuera Ministro de Obras Publicas de la provincia e integrante del Directorio del Banco de La Pampa. Negrotto fue señalado como participante en encuentros claves y un testigo recordó que en sus oficinas, ubicadas en la ciudad capital, se realizaban reuniones con empresarios donde se definieron aspectos de la obra de cloacas en Alvear. Además, el ex-funcionario estuvo presente en la casona emplazada en el acceso a Trenel, donde políticos y empresarios solían encontrarse. Uno de los procesados dijo en su declaración que Negrotto había estado en la localidad de Alvear el día que se firmó el contrato entre el intendente Pepa y los empresarios. Nadie supo definir qué tipo de función cumplía Negrotto en las obras de Trenel y Alvear, aunque se sospecha que era el "operador político" que ofrecía en los pueblos de La Pampa obras millonarias financiadas con recursos del Estado Nacional, que se hacían sin licitación.

Otro pampeano, el consultor Carlos Oppezzo, quedó en una situación comprometida, luego de su declaración ante el tribunal. Una fuente jurídica afirmó que el testimonio de Opezzo estuvo lleno de "verdades a medias". Ante los jueces adujó una enfermedad crónica que lo tenía a mal traer, para escudarse de las preguntas más comprometidas. En su comparecencia demostró tener una memoria implacable para las cuestiones técnicas de la obra de cloacas, pero desvarió cuando tuvo que responder sobre cómputos de precios, costos y dinero. La fuente agregó que pudo ser Oppezzo quien elaboró el presupuesto oficial, donde los precios fueron inflados hasta cifras exorbitantes.

El fiscal además pidió la indagatoria de Enrique Halcak, un empresario neuquino, que vive en una mansión en Villa La Angostura. Para los jueces de la Cámara del Crimen fue quien se llevó "la gran parte", a través de su brazo ejecutor, Jorge Rodríguez, uno de los condenados. Halcak es un particular constructor que amasó su fortuna en los años del menemismo. Integrante de varias sociedades, fue condenado en su provincia por defraudación a la administración pública, por realizar obras públicas sobrevaluadas. Igual comportamiento que en La Pampa. En febrero de 2008 fue a parar a la cárcel por un grave delito económico, que fue investigado por un Juzgado en lo Penal Económico de la Capital Federal, a pedido de la AFIP. Fue liberado después de depositar una millonaria fianza.

Asimismo, el fiscal Pellegrino solicitó que José Floridia y Rubén Queirolo comparezcan ante la justicia pampeana. El primero "armó" la empresa Consnor, una de las constructoras que participó en la obra de cloacas. Como él estaba inhabilitado, colocó como titular de la sociedad a su nuera, quien terminó condenada por la Cámara del Crimen. Consnor se constituyó bajo la tutela del empresario Halcak. Para la justicia, la empresa era en realidad una "pantalla" y por detrás se movía Halcak, quien armaba empresas que competían entre sí, en concursos de precios consentidos por el poder político. Queirolo, es considerado una especie de "asesor externo", que nunca declaró. Muchos lo mencionaron como gestor en las sombras de las obras sobrevaluadas.

Una nota de La Arena

La Justicia considera de suma importancia las declaraciones realizadas por el consultor Carlos Oppezzo en una entrevista publicada por LA ARENA el 5 de septiembre del año 2000. "Podría ser un elemento importante a tener en cuenta en una futura investigación", dice la sentencia dictada por los jueces de la Cámara del Crimen en alusión a los "olvidos" de Oppezzo al momento de hacer nombres referidos a la obra de cloacas de Alvear. Ahora, la fiscalía pide que ese artículo sea incorporado como prueba.