El martes por la tarde se realizó una asamblea en las instalaciones de la papelera, de la que participaron los integrantes de la Cooperativa Pachi Lara y las organizaciones que vienen acompañándolos desde hace más de un año en la lucha por reactivar la planta bajo control de los trabajadores.

Estuvieron presentes dirigentes del Partido Obrero, del FAP, de la APDH, de CTA, de Juventud Radical y la decana de la Facultad de Derecho.

Lo que hicieron fue evaluar la situación desde los distintos frentes que se abren en el proceso para lograr la apertura de la planta como Cooperativa y tomar decisiones al respecto.

Luz Ramallo, militante del Partido Obrero, trazó un panorama nada sencillo en lo referente a la inmediata reactivación de la fábrica y apuntó directamente hacia el accionar de la justicia, del síndico que lleva la quiebra y también del Estado en todos sus niveles.

"Seguimos teniendo muchos escollos"

En un principio, Ramallo señaló que "lo que hicimos fue evaluar la situación actual en todo este proceso de reactivación de la fábrica, es decir, qué inconvenientes hay para la reconexión de los servicios de luz y gas, en qué estado están los trámites, como así también la cuestión judicial, el aspecto económico y el trabajo que está elaborando la UNICEN", sobre un proyecto de viabilidad y comercialización.

Remarcó que "el tiempo ha transcurrido y todavía seguimos teniendo muchos escollos". Por esto el martes trataron también por dónde seguir el plan de lucha que están llevando adelante desde hace un año.

Sobre esto, indicó que está la cuestión judicial que sigue su curso; y que hay un síndico designado en la quiebra que es el que está interviniendo en todo lo que tiene que pasar por ante el juez, incluso la reconexión de los servicios.

Advirtió que si bien cuando reconecten la luz y el gas ya estarían en condiciones de arrancar, "es complicado porque la fábrica no está a nombre de los trabajadores. Hay una autorización inicial del juez civil que los autorizó para que siguieran trabajando, pero no les dio las herramientas para hacerlo".

Por esto, aseguró que "este hecho merece una crítica muy dura para la justicia. Hace mucho tiempo que el juez civil Juan Carlos Tato autorizó a los trabajadores a mantener en marcha la fábrica bajo una administración tripartita, pero resulta que ni el síndico se interesó en lograr ese cometido ni el juez dispuso las herramientas para que los trabajadores pudieran hacerlo".

De esta manera, el juez no le ordenó a las empresas proveedoras de servicios públicos que le provean, en este caso, la luz y el gas. Esto llevó a que cuando los papeleros fueron a pedirlos, tanto CEAL como Gas Meridional "pusieran cien millones de 'peros'".

Préstamo por 150 días

En ese sentido, la dirigente del PO subrayó que el lunes la CEAL llevó el transformador pero que "costó horrores que lo cambiaran porque alegaban que el que era de la empresa estaba contaminado de PCV, contaminación que se corresponde con toda una política de contaminación ambiental de la que se tiene que hacer cargo la CEAL".

Agregó que "es la Cooperativa la encargada natural de hacer los controles para que no haya transformadores contaminados, sin embargo a la hora de proveer el servicio a la planta esta fue una gran excusa. Todo es un entramado difícil".

Finalmente, en el plano legal se logró la firma de un comodato a través del cual la Cooperativa cede a los trabajadores en préstamo de uso a los trabajadores un transformador descontaminado por un plazo de 150 días.

No obstante, apuntó que el transformador contaminado quedó en la planta y se preguntó ¿quién lo descontamina?, porque según dijo la CEAL no hace cargo y la municipalidad "es indiferente a todos estos problemas".

Además habló de los estados nacional y provincial, de quienes dijo que tampoco se interesan, "entonces todo está a cargo de los trabajadores, que cuentan con las organizaciones para guiarlos en todos estos pasos".

Como si todo esto fuera poco, está el síndico -el contador olavarriense Gelso- que pone cientos de "peros" para avanzar en lo que buscan los papeleros y las organizaciones: la reactivación de la planta.

"Todo esto es terrible -subrayó Ramallo- y demuestra que el Estado con sus leyes, con su estructura administrativa y con el poder político, tiene todo aceitado para el lado de la patronal y no para el del trabajador, que es siempre el que termina pagando con su vida".

"Hoy la situación sigue siendo dura"

Ante todo esto, las organizaciones decidieron mantener vigente la campaña solidaria que lo que procura es seguir recaudando fondos para todo lo que precisan los trabajadores para poner en marcha la fábrica.

Según comentó, lo que necesitan es mucho porque deben reacondicionar la planta, reparar máquinas y, más adelante, comprar la materia prima para la primera tanda de producción.

"Todo esto lleva dinero, que al no haber podido obtenerlo del Estado, las organizaciones nos propusimos ir recaudándolo", dijo.

Añadió que en materia de subsidios, no hay ninguno pensado para estas instancias que se adapte a la situación en la que hoy están los papeleros azuleños.

Si bien el Estado tiene una batería de salidas formales, "siempre son para las patronales, nunca para los trabajadores", como es el caso de los REPRO, que lo reciben las empresas.

Asimismo, remarcó que del Estado municipal los papeleros no han recibido nada, excepto los 1.200 pesos mensuales "que cuesta mucho cobrar y que no nació espontáneamente del municipio sino que fue producto de la lucha que venimos sosteniendo".

En este contexto fue que la militante del PO sostuvo que "se ve claramente una fuerte resistencia del Estado, en todos los niveles, a que los trabajadores pongan en pie su propio emprendimiento productivo" y entendió que la concepción paternalista y feudal de jueces, legisladores, intendentes y demás, es lo que "está obstaculizando la puesta en marcha de las máquinas".

Por último, Ramallo consignó que "hoy por hoy la situación sigue siendo dura, por eso reclamamos al juez Tato que adopte las decisiones necesarias para garantizar el funcionamiento de la fábrica a cargo de los trabajadores. Si el juez se pondría los pantalones, venceríamos la resistencia de los políticos".

EL DATO

Ayer por la mañana los papeleros mantuvieron una reunión con representantes de la UNICEN, quienes están desarrollando un proyecto de viabilidad y comercialización para poner en marcha una vez que se reabra la planta.

A su vez, la CEAL llevó el lunes el transformador que se había comprometido a ceder en comodato y ayer comenzaron a instalarlo.

Mientras tanto, según explicó ayer Elisén Pereyra, los papeleros siguen acondicionando la fábrica y realizando gestiones a través de la Federación de Cooperativas para que se reconecte también el gas.

"Reclamamos al juez Tato que adopte las decisiones necesarias para garantizar el funcionamiento de la fábrica a cargo de los trabajadores", marcó Luz Ramallo.NACHO CORREA

"CONSTITUCIONALISMO LIBERAL POR SOBRE CONSTITUCIONALISMO SOCIAL"

Luz Ramallo también tuvo palabras para con el funcionamiento de la Delegación local del Ministerio de Trabajo local, de quien dijo que "está con la patronal".

Aseguró que "yo vi cómo el señor Cataldo defendía descaradamente los intereses de la patronal. El Estado cuida permanentemente los intereses privados, los principios políticos y jurídicos que protegen la propiedad privada, y por debajo de eso pone la vida de las personas. Sigue reinando el constitucionalismo liberal por sobre el constitucionalismo social".

Añadió que el Ministerio no tiene ningún plan para los trabajadores, "sino que todos son para los empresarios".

MIENTRAS NO HAY AYUDA PARA LOS PAPELEROS, COOPERATIVAS CUESTIONADAS Y FUNCIONARIOS RECIBEN BENEFICIOS

Como contracara de lo que le sucede a los papeleros, que no pueden obtener ayuda de ningún nivel del Estado, Luz Ramallo advirtió que "sin embargo, vemos que se arman cooperativas de la nada y salen andando con subsidios del Estado, que es plata que el Estado justifica como quiere".

Añadió que "muchas veces es plata que no se rinde y que incluso se roba. De esto tenemos un caso en Azul, una cooperativa a la que el municipio le dio alegremente 150.000 pesos y todas las oportunidades", dinero que hasta el momento no ha podido justificar en qué se gastó. "Para nosotros, todo esto es un curro", apuntó.

Recordó que esta misma cooperativa también manejó obra pública durante el gobierno de Omar Duclós.

Siguiendo con los subsidios, marcó además que "ningún legislador de la Séptima Sección Electoral les dio a los papeleros un subsidio de todo el dinero que tienen para dar por año. Ninguno se interesó" y comentó que hace meses habló con Silvio Oliva Drys "para que la señora Gloria Bidegain tuviese a bien destinar algún monto para los papeleros y todavía estoy esperando la respuesta".

Sólo el PO, el FAP y CTA son los que vienen realizando aportes exclusivos para los papeleros.

Y también como contracara de la falta de apoyo a los papeleros, marcó que "mientras todas estas cosas pasan, el intendente firmó una serie de decretos en cadena mejorándole la situación económica a todo su plantel político", con los ascensos que dio a conocer el lunes pasado, cuando hizo público los movimientos en el gabinete.

Advirtió que en diciembre los trabajadores del Hospital tomaron el edificio comunal "y él se fue por los fondos para no darles el aumento que reclamaban. A un mes, les mejora la situación a los funcionarios de manera escandalosa y en esos ascensos se les multiplican los ingresos por las bonificaciones que perciben por funciones".

Hizo referencia, en este contexto, a que el aumento real a los trabajadores comunales no es del 26,5 por ciento como se informó sino del 20,6.