La empresa Riva realizó una inspección in situ y dejó constancia de las deficiencias que, a su criterio, se deben al abandono de la obra. Obras Públicas prevé arreglos por alrededor de tres millones de pesos.
El edificio comenzó a construirse el 20 de junio de 2006, bajo el gobierno de Carlos Verna, y fue inaugurado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el 18 de diciembre de 2009 (en realidad lo hizo desde el club Estudiantes, pero no concurrió in situ porque se anunciaban manifestaciones en su contra).
Hoy, a casi cuatro años, la Ciudad Judicial sigue siendo el centro de duras polémicas entre el gobierno y la constructora. Mientras la Fiscalía de Estado, instruida por el gobernador Oscar Mario Jorge, intimó a la garantía para hacerse cargo de los más de 3,5 millones de pesos de dineros públicos erogados, la constructora (actualmente está levantando el hotel del Casino Club en Circunvalación y ruta 5) envió hace un mes al jefe de obra, Antonio Rene Odorico, para constatar los problemas del edificio. El profesional se apersonó con una escribana local y dejó constancia notarial de la falta de mantenimiento.
La Provincia invertirá este año en ampliaciones y refacciones del Centro Judicial 1.849.880 pesos. Su mantenimiento mensual apenas alcanza los 75 mil pesos, cuando el año anterior había llegado a 170 mil. Desde el Poder Judicial piden como mínimo un presupuesto mensual de 245 mil para poder conservarlo en buen estado.
En abril el Poder Ejecutivo puso en ejecución dos seguros de caución (garantía) para cubrir los gastos que demande las reparaciones que presenta la construcción y que alcanzan a los 3,2 millones de pesos. Se trata de dos garantías, una por 2,7 millones y la otra por medio millón de la aseguradora La Construcción S.A. y Berkley, respectivamente.
La garantía estaba prevista por "los eventuales incumplimientos del contrato", ya que la obra fue recibida en forma provisoria. El apuro se debió a que los problemas de filtraciones en la loza superior empezaron a agravarse, más allá de que oficialmente se dijera que eran reparaciones menores. El decreto de ejecución de la garantía de la obra enojó a la empresa Riva, que rechazó las imputaciones y realizó una constatación notarial a principios de junio.
Una inspección de parte.
Entre el 31 de mayo y el 2 de junio, el jefe de obra de la Riva S.A., Antonio René Odorico, quien dirigió el proyecto de la Ciudad Judicial, estuvo allí junto a una notaria de la ciudad para constatar una serie de daños y perjuicios que el gobierno le achaca a la constructora.
La escribana pública adscripta al Registro Notarial número 20 de Santa Rosa, Magdalena Carzolio, fue requerida a los efectos legales de dejar constancia del estado en que se encuentra el edificio, y para que se tomaran fotografía de la enorme mole de cemento levantada al lado del parque recreativo Don Tomás.
En esa acta se dejó constancia de que en la plaza seca de la obra se encontraron elementos tales como cestos de basura, monumentos y otros objetos sin haber sido amurados al suelo debitadamente, por lo cual se dañó la aislación hidrófuga. También de la falta de mantenimiento de las juntas de dilatación y de mosaicos que se encuentran separadas, apreciándose yuyos crecidos entre ellas.
En la parte que corresponde al sector de la entrada al fuero civil, también se constató que la junta de dilatación está rajada, razón por la cual entra agua por falencias de mantenimiento y no de construcción. En el edificio del fuero penal se verificó que la junta de dilatación estaba dañada y que penetraba agua. En su techo había unos embudos de chapa galvanizada, por lo que en algún momento estuvieron desbordados en su capacidad.
En la parte de la Alcaidía, siempre de acuerdo al acta, se observaron floraciones de manchas en varias partes, a 40 centímetros del piso. En la unión de la loza y la mampostería se llueve, por lo que ingresa agua por las claraboyas. En el acceso de servicio hay agua constante y se apreciaron más floraciones de manchas de humedad. Ha criterio de Odorico, y con la serie de fotografías en la mano, la obra muestra una clara falta de abandono por parte del Estado.
Varela: problemas menores.
Por medio del decreto 54/13 del 7 de marzo el gobierno autorizó a contratar los trabajos para solucionar esos inconvenientes y a ejecutar la póliza, el seguro contratado en su momento por la empresa Riva. El monto de la póliza es de 3,5 millones de pesos y lo que reclama la Provincia es un monto similar.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Jorge Varela, le aseguró a este diario en marzo pasado que Riva no había respondido a las intimaciones y que, en razón de ello, el Poder Ejecutivo tuvo que dar por recibida la obra en forma precaria y ordenar los arreglos, cuyo costo en el presupuesto 2013 llegan a 1.849.880 pesos, una cifra que hoy ya habría subido a más de tres millones.
El funcionario dijo que se habían ejecutado las pólizas de seguro, que en su momento presentó la empresa, aunque minimizó las reparaciones ya que afirmó que eran menores y por fallas en la construcción.
Los defectos aparecieron con filtraciones en la planta baja y en una losa superior. Oportunamente se explicó que "cuando se produjo la recepción provisoria no había filtraciones". Al levantarse las napas, la impermeabilización no había sido la correcta, por lo que aparecieron las filtraciones.
Al parecer, los cálculos realizados en la constatación notarial de Riva, a la cual se tuvo acceso esta hoja, señala claramente que las falencias en el edificio se dieron por falta de mantenimiento (el presupuesto del Poder Judicial solo prevé 75 mil mensuales, pero habrían pedido 245.000) y a la colocación de objetos extraños a la obra original que no fueron debidamente amurados.
La puja parece que va para largo y seguramente el erario público deberá responder hasta que la justicia llegue y dé su veredicto. Por ahora lo concreto es que no eran problemas menores, como expresó Varela, sino que surgen como complejos tanto en lo edilicio como en lo económico.
Sin recaudos suficientes.
En fuentes oficiales se dejó trascender que seguirá habiendo una depresión permanente de las napas para evitar que estén tan altas, mientras los arreglos no concluyan. También dijeron que la constructora tomó recaudos, pero que no fueron suficientes ya que es un problema de filtraciones ya que el agua ingresa en el subsuelo.
El decreto del Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección General de Obras Públicas a iniciar las actuaciones necesarias para la inmediata continuidad de los trabajos, además de autorizar a la Fiscalía de Estado para que, en nombre y representación de La Pampa, ejercite los derechos extrajudiciales y judiciales que le competen al Estado con relación a la garantía rendida por la contratista en concepto de cumplimiento del contrato, por los daños y perjuicios que pudiere ocasionarle al erario provincial.
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