Lucía Alvarez y Florencia Halfon-Laksman

El informe sobre la trata sexual en la Argentina realizado por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (UFASE) realiza varias advertencias sobre la situación de este delito en la Ciudad de Buenos Aires. El documento señala que “en un 49% (de los casos) las víctimas fueron explotadas en ciudades pequeñas, con menos de 70 mil habitantes”, y que en contraposición, son realmente insignificantes la cantidad de procesamientos en grandes centros urbanos, a excepción de Mar del Plata.

La Unidad a cargo de Marcelo Colombo detalla que “sólo en la Ciudad de Buenos Aires, se ha detectado y denunciado la existencia de explotación de la prostitución ajena en al menos 190 departamentos privados”. En varios de esos casos, existían indicios del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, lo cual derivó en numerosas denuncias.

También se presentaron otras 79 denuncias ante la justicia federal de la Ciudad por este delito, pero sólo en una de ellas se dictó auto de procesamiento. Sin embargo, el fiscal Colombo confirmó a Tiempo que hace un mes, una sentencia condenó a tres años de prisión a un “gestor” que traía mujeres dominicanas y les tramitaba una documentación como refugiadas.

Una denuncia efectuada por UFASE ante la justicia federal de la Ciudad hablaba de la existencia de una organización dedicada, de 2007 a 2009, a reclutar a mujeres de esa nacionalidad, a quienes se les ofrecía viajar a España vía Argentina. En la imputación, el juez identificó tres víctimas, aunque se mencionaba la posible existencia de al menos 158.

“En todos los casos es igual. Se les ofrece trabajo y terminan en la calle. Sin embargo es difícil de demostrar porque no se conocen las conexiones internacionales entre las redes en Argentina, República Dominicana y el país de tránsito”, indicó Zaida Gatti, responsable del programa nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. Gatti advirtió que "en la ciudad no se ha encontrado casos de trata, excepto laborales, sino que priman las situaciones de explotación sexual". «

Los cambios a la ley de trata

Retira el consentimiento de las víctimas: la ley actual establece que las mujeres mayores de edad deben demostrar que no estaban en un lugar que se considere prostíbulo por propio consentimiento. En contraposición, el proyecto establece que en ningún caso la "aceptación" de la víctima puede exculpar al victimario.

Incrementa las escalas penales: a pesar de algunas críticas a la "estrategia punitiva", la reforma busca asegurar el cumplimiento efectivo de la pena. Hoy, cuando no existen agravantes, se reprime el delito con una escala penal que va de los tres a los seis años de prisión, lo que permite que el condenado pueda solicitar acceder al beneficio la excarcelación. La propuesta con media sanción establece que, si alguien es detenido durante la captación, traslado o acogimiento de la víctima, puede recibir penas de cuatro a ocho años de prisión. Si se logra demostrar la explotación, estas fluctúan entre los ocho a doce años. Cuando se trata de menores de edad, el rango penal oscila entre los diez y 15 años.

Establece la creación de un Consejo Federal y un Comité Ejecutivo: ambos organismos funcionarán en el ámbito de la Jefatura de Gabinete. El primero contará con representantes de los tres poderes, de las provincias y de organizaciones no gubernamentales y tendrá como objetivo elaborar un plan de acción bianual. El segundo se conformará con representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad, Trabajo y Desarrollo Social, y tendrá a cargo la ejecución de un Programa Nacional.

Establece un sistema sincronizado de denuncias: se formalizará el número telefónico gratuito 145 (actualmente del Ministerio de Justicia) para recibir llamadas desde todo el país, sin cargo, e incluso por mensaje de texto.

Amplía la definición de trata: el proyecto de ley entiende por trata de personas "el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación" en el país, o desde y hacia otros.

Siguiendo el texto original, especifica que se considerará explotación cuando se mantenga a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, se la obligue a trabajos o servicios forzados, se promueva, facilite o comercialice la prostitución ajena, o cuando se promueva la extracción forzosa de órganos. Pero agrega dos nuevas aplicaciones clave: cuando se promueva la pornografía infantil, espectáculos con ese contenido y cuando haya "matrimonio servil".

Tres realidades, un drama

El informe de la UFASE señala que no hay redes sólo de trata, y que en la mayoría de los casos hay en un mismo espacios mujeres tratadas, explotadas y en situación de prostitución. “Creo que no hay distinción. En un prostíbulo hay explotación de mujeres vulnerables. Si tenemos en cuenta esto, el 95% consiste en casos de trata”, dijo el fiscal Marcelo Colombo. Para Zaida Gatti hay que diferenciar los delitos: “Hay trata si hay captación, traslado con fines de explotación. Cuando la mujer que está dentro no puede entrar ni salir porque fue engañada. Si tiene la puerta abierta, no tiene plata, no conoce a nadie, y sabe que hay complicidad policial. Salen y se vuelven al prostíbulo. Ante la justicia, esta diferencia se puede demostrar sólo si le cree a la víctima”, dijo.