En tal sentido, Fernández Garello está acusado de haber desempeñado funciones de inteligencia para la comisión de delitos de lesa humanidad. Ante el llamado a indagatoria, desde la CPM consideraron que es “aún más necesario que se avance el proceso de juicio político contra el funcionario”

La CPM había presentado ante la justicia documentos del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA) que involucran al funcionario judicial en dos causas por delitos de lesa humanidad: el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez, y  el secuestro y tortura de tres militantes comunistas.

De acuerdo al material aportado por la Comisión Provincial por la Memoria, la información que consta en la Dirección de Inteligencia bonaerense involucra a Fernández Garello en la causa por los apremios ilegales contra un militante del Partido Comunista en 1982 y de la detención de tres militantes del Partido Comunista, el 23 de Julio de 1981.

El entonces oficial subinspector habría participado del operativo conjunto, coordinado con oficiales de la Brigada de Investigaciones de San Martín y personal militar del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, como también de otras diligencias posteriores. En base a esta prueba es que la jueza Arroyo Salgado decidió el llamado a indagatoria.

Desde la CPM remarcaron que el llamado a indagatoria “obliga a avanzar de manera urgente en el juicio político y en la destitución de Fernández Garello, puesto que su presencia en uno de los poderes del Estado es incompatible con los principios democráticos”.