“Aun si existiera el secreto propósito de intervenir la Legislatura, no se explica por qué cuando el gobernador (José Alperovich) aumentó el sueldo de sus ministros a $ 9.000 ‘para que no robaran’, según sus propias declaraciones, nadie protestó; mientras que ahora, al descubrirse que hace tres meses Alperovich había aumentado las dietas de los legisladores a $ 7.500 estalló el escándalo”. Así reflexionó el legislador Osvaldo Cirnigliaro (laborista), que afirmó que mantiene inalterable su posición de no cobrar ninguna remuneración desde que asumió como legislador en 1999, por primera vez. “En ese mandato -indicó- doné mi dieta de cincuenta y dos meses a un comedor infantil de la Iglesia Católica, por poder ante escribano público, y me rehusé a cobrar medio millón de dólares de gastos de bloque por considerarlos fuera de la ley”.

Planteo a la Justicia

Cirnigliaro dijo que reclamó a la Justicia que se pronunciara sobre la legalidad de tales gastos. “Nunca me respondió, aun cuando un juez decidió, sin éxito, procesar a 39 de los 40 legisladores, excluyéndome de esa medida”, acotó.

Sostuvo que en el actual mandato tampoco percibió ni un peso, ni de gastos de bloque, ni de dieta, “por lo que no tuve acceso a los recibos”. “Al desconocer el aumento (a $ 7.500) no podía opinar, por lo que no se me cayó ningún estandarte”, aseguró.

Según el parlamentario, el problema no pasa por la dieta sino por los gastos de bloque o gastos sociales. “Es un sistema de remuneración adicional con el que Alperovich premia la lealtad de sus legisladores. Algunas versiones señalan que cada uno de estos percibe hasta $ 100.000 mensuales”, añadió. Señaló que se denominan gastos sociales, pero que, en realidad, se trata de una remuneración encubierta, por su libre disponibilidad.

“Comprendo el silencio del presidente de la Legislatura, pero Juan Manzur no es Julio Cobos, y su concepto de la lealtad lo torna cómplice de una situación institucional gravísima. En cambio Alperovich, además de principal responsable, es culpable, porque se benefició de este sistema de remuneraciones clandestinas cuando fue legislador”, manifestó.

Cirnigliaro plantea que la Justicia “debe aclarar sobre la legalidad de estos gastos e investigar sobre posibles delitos de cohecho y asociación ilícita, puesto que no se concibe que Alperovich tenga la libertad para rebajar las dietas de $ 7.500 a $ 5.000, manteniendo inalterables las remuneraciones subterráneas, que aparentemente son 20 veces mayores que las dietas mensuales de un legislador”, dijo.