La reforma judicial de Alfredo Cornejo todavía se encuentra en estado "embrionario", pero verá la luz poco después de que termine el receso invernal de la Legislatura.

Esto marca un plazo de 15 días para que el Poder Ejecutivo de a conocer cómo hará para buscar soluciones a la inseguridad a través del mejoramiento del trabajo en tribunales.

Tres leyes que el Gobierno está elaborando en colaboración con algunos magistrados y actores del Poder Judicial representan el corazón de la reforma. Para que esa normativa surja hacen falta dos cosas: consenso con los jueces y, principalmente, que implique un gasto público acotado.

Esa condición repite todo el tiempo el gobernador al equipo que trabaja en los cambios. Varios de ellos tienen una motivación importante para esforzarse, ya que figuran en la lista de candidatos a transformarse en el próximo procurador de la Corte, en reemplazo de Rodolfo González.

Las claves del plan oficial son las siguientes:

1)No gastar más plata

El “nuevo” CPP implicó en los 90 el cambio de sistema inquisitivo al acusatorio. Depositó el protagonismo de la acción penal en los fiscales, la cual antes estaba en manos de los jueces de instrucción, y generó la creación de las unidades fiscales en las comisarías, con el objetivo de agilizar la investigación desde el mismo momento de la denuncia.

Pasaron 17 años desde su sanción legislativa, pero el nuevo CPP aún no se aplica todavía en el sur y en el Valle de Uco. Siempre se adujo que faltaban recursos para hacerlo, aunque también jugaron en contra las resistencias del Poder Judicial.

La apuesta de Cornejo en ese sentido es compleja: quiere que toda la Provincia quede abarcada bajo el sistema acusatorio, pero sin invertir mucho más dinero.

"Hay que agudizar la imaginación, porque el aumento del presupuesto no está permitido", remarcan en el Gobierno. Se busca lograr una "reingeniería" del personal de la Justicia que consistiría en ampliar las competencias de los jueces de instrucción. Dicho de manera simple: que algunos jueces ejerzan el rol de los fiscales.

En caso contrario, el Gobierno debería crear muchos más cargos para ampliar el área de acción del sistema acusatorio. Para tener una idea de los costos, la aplicación del nuevo CPP en Gran Mendoza y el Este implica hoy la existencia de cerca de 40 cargos de fiscales.

2)Consenso con los magistrados

El Gobierno cree que los cambios tienen que tener el aval de quienes serán los responsables de aplicarlos. Por ello Cornejo ha abierto el juego y esta semana él mismo blanqueó un encuentro en Casa de Gobierno del ministro de Seguridad, Gianni Venier; y el subsecretario de Justicia, Marcelo D´ Agostino, con magistrados del sur provincial.

Tal es la apertura en este sentido que el Ejecutivo invitó a los jueces a elaborar ellos mismos el borrador de lo que será la reforma de la ley 6730, que fue la que creó el nuevo Código Procesal Penal.

El Gobierno ya había acudido a este tipo de reuniones con jueces, sin participación de la Corte, para avanzar en la aplicación de la ley que endureció las prisiones preventivas, norma que demanda plazos estrictos para la resolución de los casos, audiencias orales a cargo de los magistrados y restricciones importantes para el beneficio de la excarcelación.

3)Nueva ley para el Ministerio Público

La segunda norma que enviará el Gobierno a la Legislatura es la de modificación de la ley orgánica de Ministerio Público, que es la que marca los deberes y atribuciones del Procurador y los fiscales.

La ley 8008 fue sancionada en 2008 y Cornejo propondrá cambios que se discutirían a la par del tratamiento del pliego del futuro procurador.

Hasta aquí solamente ha trascendido que el Gobierno buscará retirar del ámbito de la Procuración a las defensorías oficiales, que hoy dependen, como las fiscalías, del Procurador.

4) Los co-fiscales

Antes de la renuncia del Procurador, el Gobierno estaba a punto de enviar a la Legislatura un proyecto para agilizar y darle celeridad a la Justicia. Surgieron cuestionamientos y críticas que demoraron este paso. Ahora el Ejecutivo dice que la norma será presentada en conjunto con los otros dos proyectos de reforma judicial, aunque todavía duda sobre algunos aspectos de su contenido.

La normativa sería un elemento muy importante de la reforma, ya que propone la creación de los co-fiscales. En el Gobierno imaginan a estos funcionarios como una suerte de colaboradores de los fiscales, que absorberán algunas de sus funciones, incluso la participación en audiencias.

Se pensó en su creación como un reflejo de los co-defensores oficiales, que alivian la tarea de los defensores, pero que tienen menos exigencias para ejercer su trabajo: cualquier abogado puede desempeñar ese rol.

Ha trascendido también la idea de elevar a la categoría de co-fiscales a los ayudantes de fiscales, que hoy tienen como misión comandar las unidades fiscales ubicadas en las comisarías. Pero el proyecto ha encontrado resistencias en la propia Procuración, que en lugar de esto, propone crear más cargos de fiscales.

Desde ese ámbito advierten que "la acción penal está a cargo de los fiscales y es indelegable" y que los ayudantes de fiscales no pueden ser trasladados a tribunales, porque abandonarían el rol que hoy cumplen.

Incluso el Gobierno no ha podido descartar que la propuesta contradiga la Constitución, por eso está siendo revisada.

5) Los atributos del nuevo Procurador

El gobernador dijo varias veces esta semana que la elección del nuevo procurador dependerá de que su perfil se adecue a los cambios que quiere hacer.

Pero a esto hay que agregarle otros atributos no revelados públicamente por el gobernador: lealtad absoluta con Cornejo y condiciones para ser un efectivo brazo ejecutor de las medidas que proponga.

Por eso la edad y hasta la salud del elegido son elementos importantes. A Cornejo le quedan tres años y medio de gestión y el desafío es que sus acciones se noten en ese tiempo, porque nunca antes un gobernador tuvo la posibilidad de incidir tan directamente en la Justicia.

Si la lista se cierra en las personas hasta aquí mencionadas, la lealtad coloca un paso adelante en la carrera a los dos funcionarios nominados por el gobernador: Venier y D´Agostino. Al segundo se le nota una sintonía alta con Cornejo y en el Gobierno creen que no lo dañará su vínculo con un empresario: D´Agostino reconoce que tiene una amistad personal con Agustín Vila, aunque asegura no haber integrado nunca alguna de sus empresas.

Hay además tres nominados que forman parte de la Justicia: los camaristas Alejandro Gulé y José Valerio, y el fiscal de cámara Javier Pascua.

En este trío, quien parece tener la ventaja es Valerio, un ex legislador radical que es permanente hombre de consulta del Gobierno. 

Gulé, por su parte, es amigo de Cornejo, pero también de Julio Cobos, un matiz que probablemente no juegue a su favor a la hora de la elección.