De los diez anexos del Instituto de Juego y Casinos que funcionan fuera del Gran Mendoza, la mitad está en condiciones de someterse a la decisión del gobernador Alfredo Cornejo, quien busca cerrar las salas de juego a medida que vayan venciendo los contratos licitatorios que vinculan al Estado con prestadores privados.

El mandatario adelantó que la relación con el juego que se desarrolló en ciudades chicas –donde funcionan locales con máquinas tragamonedas– ha sido, en algunas ocasiones, desastrosa. Y busca cerrarlas definitivamente. Los únicos casos que se estudiarán serán aquellos donde, además, hay presencia de un operador privado, por lo cual la presencia estatal apuntará a regular el marcado.

Los anexos de Tupungato, La Consulta, Eugenio Bustos, Tunuyán y Uspallata tienen contratos vigentes hasta agosto de este año. En San Rafael, Rivadavia, San Martín, Malargüe y General Alvear las concesiones se estiran hasta el 2020, fecha en la cual, al menos por ahora, Cornejo no tendrá injerencia.

La decisión es estrictamente política. El Ejecutivo provincial ha mantenido conversaciones con los intendentes para evaluar cómo afectó el juego a la vida cotidiana en estos últimos años.

Desde el Instituto de Juegos, según explicó su presidenta, Josefina Canale, hubiesen preferido contar con un estudio de impacto social que hiciera foco en cada caso. Sin embargo, encargar un análisis de ese tipo llevaría meses y superaría los plazos en que debe definirse el cierre o la continuidad.

La falta de información puso en evidencia la nula participación del programa para prevenir la ludopatía.

“La gestión anterior, directamente, no se interesó por saber lo que estaba ocurriendo en los anexos. Nunca hubo asesoramiento para aquellas personas con problemas o asistencia para las familias con ludópatas”, explicó Canale. Y explicó que, precisamente por eso, no existe ninguna estadística oficial.

La información dada por los intendentes es uniforme. Todos manifestaron que el impacto social ha sido negativo. Las historias de quienes cobran sus sueldos y van directamente a las tragamonedas se repiten en mujeres, hombres, jóvenes y ancianos.

El primero que verá sus persianas bajas será el de Uspallata. La sala que actualmente explota la empresa Betec –propiedad del presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici– prácticamente no tiene chances de seguir después del 24 de agosto. La decisión está consensuada con el jefe comunal Daniel Orozco.