En la recta final de su gestión en el poder, el kirchnerismo está dispuesto a superar todos los límites. Por eso, al gobierno nacional no le tembló la mano a la hora de asignar más de 200 millones de pesos para crear una carrera de ingeniería aeroespacial que, en realidad, sería una pantalla para financiar el pago de ñoquis, de militantes rentados y contratos políticos de distinto tipo.

Tan escandaloso es lo que está ocurriendo que, para solventar esta caja política, se estaría perjudicando seriamente a distintas universidades y centros de investigación, con más de 50 años de trayectoria en desarrollos aeronáuticos y aeroespaciales. Sus profesionales vienen haciendo grandes esfuerzos –por no decir malabares- para afrontar una difícil situación económica (cepo cambiario, freno a las importaciones, inflación, pérdida del valor del peso, etc.) que conspira contra el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Entre las instituciones marginadas se encuentran la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Tecnológica de Haedo, el Instituto Universitario Aeronáutico y hasta la propia Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La “carrera fantasma”, según la información oficial, forma parte de la Universidad Nacional de San Martin, una casa de altos estudios ubicada en la localidad homónima del Conurbano bonaerense que no contaría con la más mínima infraestructura necesaria para dictar esa disciplina. Peor aún, en varias ocasiones, estuvo en la mira ante las sospechas de que el gobierno K utilizaría convenios con esta casa de altos estudios para sostener estructuras políticas y negocios impulsados por el polémico y denunciado ministro de Planificación Federal,  Julio de Vido, sospechado de ser “uno de los principales cajeros” del kirchnerismo.

El inefable vicepresidente Amado Boudou también supo aprovechar los servicios de la Universidad de San Martín al hacer un convenio para “la producción, diseño y análisis de contenidos de prensa”. Se trata de un contrato por más de 10 millones de pesos que hasta fue objetado por la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado por tener varias zonas grises e inconsistencias.  Además, la Universidad de San Martín fue utilizada como pantalla del contrato de $18 millones que firmó el gobierno nacional – a través de radio Televisión Argentina (RTA)- con la actriz kirchnerista Andrea del Boca para la producción de una telenovela, en lo que fue un auténtico despilfarro de recursos. Y como si todo esto fuera poco, esta misma Universidad rubricó otro convenio con la administración K para montar stands en la feria Tecnópolis que derivó en la renuncia de un funcionario del Ministerio de Planificación y una denuncia penal.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Planificación Federal afirma que la carrera de ingeniería aeroespacial es la primera, en su tipo, en América latina. En realidad, según distintos expertos universitarios consultados por Hoy, que pidieron reserva de identidad para evitar que sus centros de investigación e instituciones académicas sufran represalias, lo que está informando el gobierno “es una burrada total”.

“En ninguna parte en el mundo existe una carrera de grado de ingeniería espacial, por el simple hecho que para hacer esa especialización se requiere primero ser ingeniero aeronáutico, electrónico, mecánico o en comunicaciones, y después hacer un posgrado. Está bastante claro que esta carrera fue creada para fines que nada tienen que ver con la investigación y la ciencia”, dijeron las fuentes consultadas por Hoy. Y agregaron: “en cualquier país serio, para crear una carrera de este tipo, se utilizaría la estructura ya existente y más cuando aún se mantiene en pie un polo aeroespacial, que comenzó a desarrollarse hace 50 años, que conforman distintas universidades y centros de investigación”.

Desde el ministerio de Planificación Federal también informaron que “la carrera fantasma” contará con dos orientaciones: una hacia la producción y operación de satélites, y la otra hacia el diseño de lanzadores y vehículos espaciales. Ahora bien,  resulta por demás llamativo que dicten estas orientaciones cuando la Universidad de San Martín prácticamente no tiene antecedentes en la construcción de satélites ni en proyectos aeroespaciales. Es más, no tuvo participación en el lanzamiento del cohete que se

realizó el año pasado en Pipinas que, luego de un intento fallido, pudo realizarse con éxito.

La creación de esta carrera, además, habría sido objetada por el Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica que hasta elevó una presentación formal ante el ministerio de Educación de la Nación, pese a lo cual sus reclamos fueron desoídos y hasta desechados. La preocupación de los ingenieros radica, entre otros puntos, en que no se estaría cumpliendo los mínimos requisitos que establece la Ley de Educación Superior.

El artículo 43 de esta norma sostiene que cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se requerirá que se respeten distintas requisitos. A saber: que los planes de estudio cuenten con los contenidos curriculares básicos y criterios sobre intensidad de la formación práctica que tengan el aval del Consejo de Universidades; y que las carreras respectivas sean acreditadas periódicamente por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) o por entidades privadas constituidas con ese fin debidamente reconocidas. Además, la propia ley establece que se debe determinar “con criterio restrictivo”, en acuerdo con el Consejo de Universidades”, la nómina de tales títulos y las actividades profesionales reservadas exclusivamente para ellos.

En conclusión, en la era K, hasta la ciencia quedó manchada.

Una universidad a medio construir

Pese a haber recibido más de 50 millones de pesos para infraestructura edilicia en los últimos años, la Universidad de San Martín aún no puede completar parte de su campus universitario. En el lugar hay un cartel del Ministerio de Planificación que promete "Ciencia y tecnología para el desarrollo", que por ahora es sólo eso: una promesa.

En 2011, la Presidenta de la Nación, Cristina Kirchner, anunció la construcción del "Campus Universitario UNSAM" que constaría de cinco edificios: el Instituto Antártico Argentino, el Centro del Virología Animal, el Complejo de Aulas, el Instituto de Nanosistemas y el Taller de Restauración de Obras de Arte. No se terminaron todos y algunos difícilmente estén concluidos antes del 10 diciembre, cuando Cristina deje la Presidencia. Todo lo que pasa por esa Universidad es aprobado por su rector, Carlos Ruta, un viejo conocido del matrimonio Kirchner desde su paso por escuelas en Río Gallegos. Insólitamente, en esta Universidad, con instalaciones a medio terminar, se pretende impartir conocimiento de ingeniería aeroespacial.

EN FOCO

Una muestra de la decadencia

Teniendo en cuenta la corrupción en la Argentina implica un saqueo que involucra cientos de miles de millones de dólares, puede parecer hasta una nimiedad que se estén despilfarrando $200 millones en una carrera universitaria fantasma.

En rigor, lo que sucede en la Universidad Nacional de San Martín, es solo una muestra de la podredumbre reinante, que se expande como una mancha de aceite. Y permite ver hasta qué punto las prácticas clientelares y prebendarías están enquistadas en los rincones más recónditos de la estructura gubernamental, afectando el desarrollo científico y tecnológico del país, que debería ser una política de Estado que trascienda los intereses políticos del gobierno de turno.

En rigor, todo el sistema educativo se encuentra en crisis. Por eso, cada año, las Universidades no tienen otra alternativa que recibir un creciente número de aspirantes que egresan de la secundaria sin la capacidad de comprender textos simples, sin los conocimientos mínimos indispensables en áreas esenciales como matemática, física, química y biología. En ese contexto, en lugar de intentar encontrar soluciones estructurales, el gobierno sólo opta por esconder los problemas debajo de la alfombra, truchando estadísticas, eliminando las tradicionales calificaciones que definen los aplazos y hasta obligando a los docentes –tanto en la primaria como en la secundaria- a promocionar los alumnos, sin importar si lograron o no acreditar los conocimientos que se requieren para avanzar en la carrera escolar. 

La crisis educativa, a su vez, está estrechamente relacionada con los graves problemas de marginalidad que existen en el país. En la Argentina, hay por lo menos de 12 millones de compatriotas que viven en situación de pobreza y muchos de ellos ni siquiera tienen noción de lo que significa la posibilidad de tener un trabajo digno.  Luego de 12 años de gobierno K, el aparato productivo se encuentra desbastado y ha llevado a que un país como la Argentina, que tiene todo para ser un potencia, con recursos naturales que escasean en el mundo y con posibilidades concretas de alimentar a 400 millones de personas, hoy se encuentre estancado en el subdesarrollo.

Esta es la herencia que nos deja la mal llamada década ganada. Pero la crisis, al mismo tiempo, constituye una oportunidad. Aún se conserva el ADN de la Argentina que, hace tan sólo unas décadas, supo hacer punta en el concierto de las naciones. Por eso, todavía tenemos científicos e investigadores que tienen la materia gris para poner satélites en órbita, desarrollar cohetes espaciales y hasta contamos con estudiantes que, sin ningún tipo de ayuda oficial, hasta son capaces de superar a alumnos de Harvard en competencias internacionales.

Todo está dado para emprender el cambio. Que así sea.