La ONG que conduce el abogado Rolando Núñez recuerda que el gobierno nacional impulsa “un importante proyecto para lograr una nueva regulación de la propiedad de la tierra en la Argentina, con eje en la protección de la soberanía, pero fundamentalmente con el objetivo de impulsar el acceso a la propiedad de miles de familias campesinas, minifundistas y pequeños productores sin tierras”, y considera que el posible acuerdo con los árabes va en sentido contrario.

El proyecto

Hasta ahora lo que se suscribió es un memorándum de entendimiento, que fue firmado el 22 de febrero entre el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y la firma Alkhorayef Group Company (AGC), representada por José F. Tomás, y Siasa Latinoamericana, encabezada por Daniel Tardito.

AGC se presentó como una empresa diversificada en industria, comercio y desarrollo de proyectos, dedicada al suministro y mantenimiento de maquinaria pesada y equipamiento de riego, más otros servicios para el sector agrícola, en forma directa o a través de sus empresas controladas. Siasa se presentó como una sociedad anónima en formación. Tiene por principal objeto agrupar managers.

El objetivo del entendimiento sería el desarrollo, llave en mano, de un emprendimiento agrícola en aproximadamente 40 mil hectáreas de tierras fiscales provinciales. La producción que se logre debe ser entregada al Reino de Arabia Saudita. AGC será el desarrollador del proyecto y principal responsable de Arabia Saudita, vinculando a las fuentes de financiamiento saudí, a los ingenieros, a los subcontratistas, consultores y proveedores, asegurándose en operar como el único y exclusivo comercializador de los productos agrícolas que se obtengan en el emprendimiento.

La preparación del estudio de viabilidad del proyecto está a cargo de la Provincia del Chaco. Mientras tanto, AGC y Siasa indicarán el fondo saudita interesado para el desarrollo y otros financistas internacionales que deseen participar en la financiación del proyecto, a través de un préstamo a la Provincia del Chaco, que debe ser garantizado por la República Argentina, como garante soberana.

En cuanto a la financiación, se estima que requerirán de 300 a 400 millones de dólares, que serían aportados por el Banco Saudí de Desarrollo, los bancos regionales y los financistas comerciales, con garantía argentina y un financiamiento aproximado de 12 años.

Extranjerización y concentración

“De todas y de cada una de las cláusulas del memorándum de entendimiento firmado entre el gobierno del Chaco, AGC y Siasa deriva que el emprendimiento inevitablemente desembocará en la concentración y en la extranjerización del uso y de la explotación de las tierras fiscales”, dice el Centro Mandela.

“Al mismo tiempo, de manera inesperada, ha quedado en evidencia que los lineamientos de la gestión local no coinciden con las pautas del gobierno nacional, en un tema que no es menor sino estratégico para los intereses del país y de alta exposición por la sensibilidad de la opinión pública respecto del preocupante y creciente fenómeno de extranjerización de la tierra argentina”, agrega.

Por eso dice que “la decisión política del gobierno provincial merece un fuerte reproche y una esclarecedora crítica social, porque cuando incipientemente nace en Argentina la necesidad y la urgencia de regular la propiedad y uso de la tierra con parámetros modernos y progresistas, al amparo de la concepción de bien social de la tierra, aparece este emprendimiento que contradice abiertamente las pautas mínimas de administración responsable de las tierras fiscales y de los recursos naturales, que es lo mismo que decir que no se custodia ni se protege el ambiente y la biodiversidad”.

Contra la Constitución

A eso suma que el proyecto “desvirtúa y desnaturaliza la letra y el espíritu de la Constitución, que establece -con absoluta claridad- las pautas que regulan la propiedad, el uso y la explotación de las tierras fiscales, señalando a quienes se debe adjudicar, los objetivos perseguidos y las prohibiciones. Nuestra Carta Magna definidamente alienta la entrega de la tierra a pequeños productores, a sus hijos y a las comunidades indígenas, prohibiendo la entrega a sociedades mercantiles, salvo excepciones que deben ser formuladas por ley, con fundamentos serios y comprobables”.

También advierte que la Constitución “no autoriza a que el gobierno alquile las tierras fiscales” y sostiene que “la continuidad y ejecución del temerario emprendimiento necesitará inevitablemente de la sanción de una nueva ley para que se modifique la actual. En ese marco aparece la responsabilidad futura de los legisladores provinciales, quienes no debieran apoyar tal iniciativa”.

Tras señalar que además las tierras pretendidas no son aptas para el emprendimiento de que se habla, Núñez plantea que “desde todo punto de vista conviene interrumpir el proyecto. Es necesario que no se entreguen en alquiler, o bajo cualquier otro formato jurídico, las tierras públicas del Chaco, sobre todo en latifundios a extranjeros porque se violará el espíritu y la letra de la Constitución y se producirá un extraordinario daño ambiental y social, quizás irreversible”.

“Debe entenderse que la posible transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales a AGC/Siasa significará una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras y un mecanismo concreto de extranjerización y de concentración, en abierta contradicción con todas las pautas fijadas por el gobierno nacional y por la opinión pública. Vale la pena retroceder”, opina.