“La entrega de tierras públicas en grandes extensiones (latifundios), bajo el régimen de fideicomisos para entidades extranjeras, inevitablemente violará el espíritu y la letra de la Constitución”. De esta manera, el Centro de Estudios Nelson Mandela puso el ojo sobre la firma del convenio de entendimiento entre el gobierno provincial y el grupo árabe Al-Khorayef, para el desarrollo de un megaproyecto agroalimentario en El Impenetrable chaqueño.

La semana pasada, representantes del grupo saudí llegaron a Resistencia para reunirse con el gobernador Jorge Capitanich, con quien rubricaron un acuerdo que sentará las bases para la explotación --bajo un sistema de arrendamiento-- de 221.000 hectáreas de tierras fiscales ubicadas entre las localidades de Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, en pleno El Impenetrable.

“Este instrumento tiene los alcances de un compromiso a futuro, que puede o no concretarse, según las reformas legislativas que debieran introducirse para esto a la actual legislación de tierras públicas”, señala la oenegé en un documento difundido en las últimas horas.

Así, recuerda que la ley 2913 no autoriza la ejecución de proyectos productivos de esta naturaleza. “En este sentido --continúa-- conviene resaltar que ninguno de los argumentos intensamente difundidos por el gobierno alcanza para avanzar en el proyecto sin que previamente aquella ley sea modificada”.

Es que los diputados chaqueños tendrán la palabra. “De nuestros legisladores depende que se avance o no en el temerario proyecto que puede terminar por colapsar el frágil ecosistema existente, aunque muy degradado, en el corazón de El Impenetrable. Si fracasan, será la hora de los jueces. En todos los casos, la suerte de El Impenetrable dependerá de la cohesión y de la presión sociales”, remarca el Centro Mandela.

“Un proyecto temerario”

Más adelante, el texto advierte que --si se concretara el proyecto-- se desvirtuarían y desnaturalizarían las pautas generales y específicas que en materia de administración de tierras fiscales contempla la Constitución Provincial (CP) y la ley 2913 (más su modificatoria 4133).

“La entrega de tierras públicas en grandes extensiones violará el espíritu y la letra de la Constitución, que como contrato político y social entre los chaqueños tiene cláusulas extraordinariamente progresistas, sistemáticamente violadas a través de las visiones liberales o neoliberales”, subraya.

Así, remarca como “lo más criticable del proyecto” la posible transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales que se entregarían bajo el régimen de concesión, comodato o arrendamiento, que en definitiva constituirá una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras y un mecanismo concreto de extranjerización.

Además, advierte que --por la localización del proyecto-- “se afectarán suelos de clases V y VI, que desmontados y destinados a la producción agroalimentaria colapsarán en el mediano plazo, aun cuando se desarrolle un sistema de riego artificial”.