Pocos aceptaron las condiciones acordadas para su salida pacífica
Una decena de bancos de escuela hacían las veces de escritorio. Algunos de los ocupantes del improvisado asentamiento eran recibidos sobre el cordón de la vereda. El procedimiento era vigilado de cerca por los funcionarios judiciales.
Cintia Brustio, de 33 años, fue una de las primeras en aceptar el acuerdo. Aunque no parecía muy convencida de la propuesta. "Este papel es igual al que me dieron en el parque Indoamericano (tomado en diciembre de 2010). Les dije que me estaban mintiendo", contó la mujer a LA NACION. "Sólo me voy porque no quiero seguir exponiendo a mis cuatro hijos a que nos desalojen con violencia", reconoció.
El sistema establecido previó que, una vez que los encargados del procedimiento chequeen la situación socioeconómica de cada familia censada, se comunicarán por teléfono con los interesados. "Ahí nos dirán si entramos o no en el plan de viviendas", explicó Jessica Furman, de 37, tras obtener su comprobante. La mujer ya no quería estar en la toma porque tiene un hijo de 14 años discapacitado.
Del otro lado de la reja, dentro del predio usurpado, los habitantes más rebeldes denunciaban que quienes se censaban lo hacían "mandados por punteros políticos".
Mientras duró el operativo, decenas de efectivos de la Policía Metropolitana custodiaron el predio sin permitir que ingresara más gente. A 100 metros, un carro hidrante y por lo menos 10 vehículos policiales esperaban una orden de desalojo que nunca llegó. Pasado el mediodía se retiraron.
Sofía Duarte, de 21 años, permanecía tranquila cerca de su carpa. Ni ella ni su familia pensaban moverse del lugar. "Si algunos se quedan es lo mismo que la nada. Acá hay gente que ya está armando su rancho con todas las letras", dijo a LA NACION. De a poco, las humildes casillas iban tomando forma, con estacas para su estructura base.
Según los delegados de la toma, se subdividió el terreno en 500 lotes..
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