El proyecto de ley para "regular" los piquetes impulsado por el gobierno nacional encendió la polémica acerca del derecho a huelga, la democracia y el Estado de Derecho. El debate incluso llegó nuevamente al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) que dirige el periodista Horacio Verbitsky, al que vinculan como afín al oficialismo.

En efecto, la idea de impulsar un proyecto de este tipo fue insinuado por la presidenta Cristina Kirchner durante su exposición en la última Asamblea Legislativa. Ahora diputados del Frente para Victoria presentaron un texto para regular las manifestaciones públicas. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, fue uno de los opositores que aprobó la idea y agregó que está dispuesto a colaborar en el tema.

Otros opositores se mostraron reticentes e incluso rechazaron el proyecto. Pero el CELS se pronunció brevemente en referencia al proyecto de ley llamado “Convivencia en manifestaciones públicas” al que calificó como "un retroceso".

“Es un retroceso respecto de estándares sobre protesta social que se fueron construyendo durante todos estos años. Por ejemplo, al clasificar ciertas protestas como ilegítimas, exigir la notificación previa a la policía y establecer plazos exiguos para la mediación”, remarca un breve comunicado que se propone como “Primeros comentarios sobre el proyecto”, lo que marca que posiblemente habrá un posicionamiento con mayor profundidad en lo que respecta al tema. “Nos preocupa el proyecto de ley ‘Convivencia en manifestaciones públicas’ presentado por diputados del Frente Para la Victoria”, resalta el documento.

“La participación en manifestaciones y protestas no es un mal necesario sino un componente esencial de la democracia y de las luchas sociales por la ampliación y consolidación de los derechos”, resaltaron a través del comunicado en las redes sociales oficiales del CELS.

Además, agregaron que “el proyecto intenta ampliar los márgenes del control estatal sobre el derecho a la protesta mientras persisten casos de represión violenta de manifestaciones y cuando aun no se ha hecho justicia por asesinatos cometidos en protestas sociales como el 19 y 20 de diciembre de 2001, el Parque Indoamericano, la represión a la comunidad qom en Formosa o los asesinatos en Ledesma”, marcando una problemática existente no solucionada en el marco de las discusiones en referencia a la criminalización del derecho de la sociedad para manifestarse en protesta.