SALTA.- La Senadora nacional Sonia Escudero anticipó esta tarde el voto negativo del bloque del Peronismo Federal de la Cámara Alta al proyecto impulsado por el gobierno nacional para limitar las medidas cautelares contra el Estado. En tal sentido, la legisladora aseguró que “ en vez de democratizar, reduce el acceso a la justicia”, al tiempo que indicó que “los más afectados serán los ciudadanos de a pie y no las grandes corporaciones que tienen los recursos para aguantar los procesos judiciales que ahora serán más largos y más costosos”.

“Votamos en contra, no porque no creamos que sea necesario regular las cautelares, sino porque estamos convencidos de que este proyecto es inconstitucional, incluso con los cambios incorporados que agregan nuevos requisitos de modo que si no se pertenece a un grupo vulnerable no se podrá pedir una cautelar”, explicó la parlamentaria.

Asimismo advirtió: “no se le puede decir a un juez cuánto puede durar una medida cautelar, esa pretensión es inconstitucional”, y luego agregó: “no se puede limitar a un magistrado en el ejercicio de una función que le es propia. Tiene la obligación de evitar el avasallamiento de derechos individuales o colectivos”, indicó.

La legisladora señaló, además, que “esta regulación no es razonable, el ciudadano de a pie no tiene ninguna responsabilidad por la pelea entre el Grupo Clarín y el gobierno nacional, aquí se está usando un misil para destruir un panal de abejas afectando a todo el resto de los argentinos”.

Por otra parte criticó –también- el apresuramiento del oficialismo en el tratamiento de la iniciativa: “faltó discusión, consenso, yo no puedo admitir que el dictamen se escriba en el Ministerio de Justicia, aquí se está menoscabando el rol del Congreso en la revisión de las leyes que envía el Poder Ejecutivo”, aseguró Escudero.

¿Dónde queda la clase media argentina?

En otro tramo de su discurso, la senadora Escudero advirtió que “para el gobierno parece que la Argentina se compone de grandes corporaciones y de grupos vulnerables, pero en el medio está la clase media argentina. ¿Dónde quedan sus derechos? El gobierno cree que el bien común es lo que dice el gobierno, pero esta concepción atrasa 25 años”.

Señaló, asimismo, que “la parte débil son los individuos y no el Estado, si tiene malos abogados debe buscar otros que defiendan mejor sus intereses, pero no por eso vamos a anular el derecho de los individuos a defenderse frente al Estado”.

Otra de las críticas expresadas por la senadora por Salta fue la “eliminación de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios”, en tanto que también advirtió que “en el futuro sólo las grandes corporaciones, los ricos y los poderosos podrán aguantar los largos procesos judiciales, no los pobres, el proyecto imposibilita que una persona común pueda obtener una medida cautelar contra el Estado”.

La Senadora ilustró las falencias de la norma con un ejemplo: “si un ciudadano solicita una medida cautelar para frenar la construcción de una autopista, si la obra se detiene, y luego el particular pierde el juicio, el ciudadano corre el riesgo de perder todo su patrimonio para hacer frente no sólo a las costas del proceso sino a los daños y perjuicios que la cautelar pudo haber ocasionado, lo cual es absolutamente irracional. ¡Esto es contrario a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos!”.

Finalmente, la representante por la provincia de Salta señaló que “en vez de democratizar, el proyecto reduce el acceso a la justicia, viola garantías constitucionales, la jurisprudencia de la Corte Suprema y todo el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Además aseguró que: “los procesos judiciales se van a extender, los honorarios y los costos se van a encarecer, se afecta la seguridad jurídica –y no me refiero a la seguridad jurídica de los grandes inversores- sino la de las personas comunes que invierten en formar una familia, educar a sus hijos, trabajar duro y esperan jubilarse dignamente, esos son los derechos que se están restringiendo con este proyecto”. (Especial )