Las empresas de juego mantienen con la Ciudad una deuda impositiva de, supuestamente, más de 2400 millones de pesos en concepto del impuesto a los ingresos brutos. Es que una medida cautelar ha trabado el tema desde hace dos años y ha impedido que se cobre impuestos a Cristóbal López, más allá de lo que establece de canon el convenio que firmó Lotería Nacional con el Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad en el 2003 y que ahora fue modificado y ratificado por la Legislatura porteña.

En la cláusula que fue suspendida por Liberatori queda explícito que el cobro del canon significará la renuncia al cobro de impuestos que tienen las casas de juego. El artículo sobre el que pesa la cautelar dice: "Las partes acuerdan que la percepción de las sumas convenidas (...) significará la extinción de las pretensiones o créditos relacionados con el pago de los Ingresos Brutos o de cualquier otra tributación específica".

Cristóbal López es uno de los empresarios incluidos en este acuerdo, ya que maneja el casino flotante de Puerto Madero y las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo. Ambos establecimientos están en conflicto judicial con la administración porteña desde que, en 2009, la ley tarifaria porteña estableció que las casas de juegos de azar debían tributar un 8% de sus ingresos en concepto de Ingresos Brutos.

En particular, Gil Domínguez consideró en su denuncia que el anexo del convenio que se refiere a la distribución de las ganancias de los juegos de azar entre la Nación y la Ciudad "es nulo e inconstitucional".

Ahora bien, esta cláusula objetada no hace más remitirse a la que ya estaba incluida en el convenio del 2003. La cláusula octava expresaba lo siguiente: "Conflictos judiciales.

Dentro del quinto día de la entrada en vigencia del presente se desistirá de la pretensión en todos los expedientes judiciales y administrativos actualmente en trámite entre ambas jurisdicciones relacionados con la constitucionalidad de normas, validez de actos administrativos o conflictos de competencias entre ambas partes con relación a la explotación del juego en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A tal efecto las partes requerirán en sus respectivas jurisdicciones el concurso de los órganos que actualmente tengan a su cargo el ejercicio de la acción judicial en los respectivos expedientes. En los escritos se dejará expresa constancia que el desistimiento de la acción no implica renuncia o reconocimiento de derechos invocados en las causas de referencia, y que las costas se asumirán en el orden causado".

Este acuerdo fue recurrido en la Justicia pero no se logró que fuera dejado sin efecto, con lo cual los cambios introducidos podrían correr el mismo camino.

Cabe mencionar que Cristóbal López no tiene un contrato con la Ciudad sino con Lotería nacional que data de 1999, al que luego se sumó el Gobierno porteño mediante el convenio acordado por Aníbal Ibarra en el 2003.

Con la modificación ratificada recientemente por la Legislatura, la Ciudad recibirá 350 millones más de pesos, a los 300 ya percibidos, más de lo que -por ejemplo- obtiene el Gobierno de Santa Fe por el juego en toda la provincia.

También hay quienes dicen que la relación 70/30 acordada por Lotería (el 70% de los ingresos para la concesionaria y para la explotación, y el restante para dividir entre Nación y Ciudad) es demasiado favorable para López, pero en la Provincia es 66/34.

Otro punto a tener en cuenta es que el contrato firmado en el 1999 no establece la obligación de pagar Ingresos Brutos, lo que se estaría sumando al convenio vigente, generando que la Ciudad recibiera más recursos que la propia Lotería.

Por último, un detalle no menor, es que de cada cien pesos que se apuesta, el 90% se va en premios, con lo cual quedan 10 pesos para repartir entre el concesionario, el explotador, la Nación y la Ciudad, si a eso hay que sumarle Ingresos Brutos cambiarían notablemente los términos comerciales que, insistimos, no fueron fijados por las autoridades porteñas.