Sellos truchos de empresas "fantasmas" (inexistentes o ya desaparecidas), boletas falsas, documentación en la que aparecerían comprometidos los nombres de importantes firmas y dirigentes políticos de nuestro medio, además de computadoras que contendrían valiosa información para el avance de la causa. Esos son algunos de los elementos secuestrados hace dos semanas durante un allanamiento en un domicilio, ordenado por el Juzgado Federal Número II, a cargo de Mario Racedo, en el marco de la investigación por un millonario fraude en contra del Estado nacional.

Tal como informó oportunamente EL SIGLO, varios tucumanos estarían vinculados en una compleja maniobra irregular desplegada para la obtención de créditos fiscales, destinados a la cancelación de impuestos nacionales, por un monto cercano a los 30 millones de pesos.

El delito se concretó en 2007, cuando, mediante la presentación de documentación falsa de empresas fantasmas y valiéndose de los servicios de "prestanombres", un grupo de personas logró obtener ilegalmente esos bonos, en el marco de un programa de subsidios a firmas productoras de bienes y servicios dispuesto por la Secretaría de Industria de la Nación.

Una vez conseguidos ilegalmente, los títulos fiscales eran negociados con terceros, en este caso con corredores de bolsa, que a su vez los vendían a otras firmas que los adquirían para la cancelación de impuestos nacionales.

Según informaron a este diario fuentes vinculadas a la investigación, tanto las firmas corredoras de bolsa que recibieron los papeles nacionales como varias de las empresas (algunas de renombre en Tucumán) que compraron los títulos para luego cancelar sus tributos, estarían seriamente involucradas en la maniobra ilícita.

Si bien en un principio en la Justicia se estimaba que las empresas que adquirieron los bonos en el mercado cambiario habrían obrado de buena, la documentación encontrada durante el allanamiento cambiaría esta presunción.

Compleja causa

Debido a su complejidad, la investigación, que fue iniciada tras una denuncia presentada por la AFIP-DGI, fue dividida en dos partes: La primera etapa de la indagatoria, que es la que está más avanzada, se concentró en 11 causas que, por su conexidad (los mismos involucrados e idéntico accionar), fueron unificadas en un sólo expediente. En el mismo, se trata de confirmar un fraude por un monto de 15.212.089 pesos contra el erario público, mediante la obtención irregular de títulos por montos que iban desde los 400 mil pesos hasta los 2,5 millones de pesos.

Además, hay otros siete presuntos trámites fraudulentos con créditos fiscales, por una suma de aproximadamente 15.000.000 de pesos, que, si bien muestran el mismo “modus operandi” que en el caso anterior, involucran a otras personas, por lo cual están siendo investigados por separado.

Avances

El allanamiento realizado hace unos días por inspectores de la AFIP-DGI, con el respaldo de personal de la Policía Federal, corresponde a la primera etapa investigativa y fue concretado en la vivienda de uno de los sospechosos.

Fuentes vinculadas a la investigación indicaron a nuestro diario que el inmueble en cuestión pertenecería al empresario y dirigente político Guillermo Kuchar del Moral, cuyo nombre aparecería mencionado en varias de las páginas que componen el voluminoso expediente judicial.

Las mismas fuentes explicaron que los elementos incautados en esa casa fueron trasladados a dependencias judiciales, donde quedaron resguardados en cajas precintadas, a la espera de su apertura, lo que se concretaría en las próximas horas, tras lo cual se procederá a un minucioso estudio de los mismos. A partir de los nombres y vinculaciones que surjan de las pruebas, las personas implicadas comenzarán a desfilar por los Tribunales Federales de calle Congreso y Las Piedras, para prestar declaración, en carácter de imputadas o testigos, según corresponda.

Por estos hechos, ya se concretó la detención de una mujer, llamada Andrea Martha Jiménez, quien aparece como presunta responsable de 11 operaciones irregulares con distintas empresas y particulares, cuyos nombres y razones sociales aún se mantienen bajo absoluta reserva. Sin embargo, luego de escuchar el testimonio de otras personas involucradas en el caso, la Justicia habría llegado a la conclusión de que Jiménez simplemente actuaba como empleada y emisaria de los verdaderos cerebros de la maniobra ilegal.

Vínculos con la política

Kuchar del Moral participó, sin alcanzar su objetivo, como candidato en las últimas dos elecciones realizadas en Tucumán. En 2007, fue segundo en la lista de postulantes a legisladores provinciales por el Partido de los Trabajadores (PT), que encabezó el actual parlamentario Pedro Balceda. Dicha fuerza política fue una de las que estrenó ese año el sistema de "acople", presentando candidatos propios a legisladores y adhiriéndose (acoplándose) a la fórmula de Gobernador y Vice del Frente para la Victoria (FPV), que integró el titular del PE, José Alperovich, junto a Juan Manzur.

Dos años más tarde, en los comicios legislativos nacionales de 2009, Kuchar del Moral se postuló a senador por la Alianza Con Conciencia Voluntad Solidaria (Alianza Con COVOS.), asegurando ser el hombre elegido por el vicepresidente Julio Cobos para representar su proyecto en la provincia (de hecho, su slogan de campaña fue “Cobos en Tucumán”). Sin embargo, luego el propio titular del Senado saldría a aclarar que su candidato en aquella elección era el radical José Cano.

Esta vinculación entre quien sería dueño de la vivienda allanada por la AFIP y reconocidos dirigentes generó un verdadero sacudón en el ámbito político provincial y nacional.