Es muy probable que el juez federal Norberto Oyarbide esté observando con preocupación la celeridad que su par Rodolfo Pradas está imprimiendo a la causa por los crímenes consumados por la ultraderecha peronista en Mar del Plata, 35 años atrás: dos de los siete prófugos fueron detenidos en estos días, se tomó indagatoria a otra decena que por ahora conservan su libertad y los abogados de varios de los buscados anticiparon que podrían entregarse en la próxima semana.

Esta intensidad en los procedimientos obligará al juez porteño, tarde o temprano, a reanimar la causa por los crímenes de la Triple A, que poco o nada ha avanzado desde que está en su despacho, y en particular definir el rol que le tocó en aquellos años de plomo al jefe de la CGT y del gremio de camioneros, Hugo Moyano, ligado a un prófugo que fuera su asesor legal en aquellos tiempos.

Moyano –cofundador de la Juventud Sindical Peronista y miembro de conducción de la CGT Regional Mar del Plata en los '70– fue acusado formalmente por el dirigente socialista Carlos Petroni, y Oyarbide tiene esa denuncia en su escritorio desde hace largo tiempo sin que se noten movimientos encaminados a su esclarecimiento.