La Cámara de Apelaciones en lo Criminal de la provincia revolvió en un fallo dividido revocar los sobreseimientos que el juez local Jorge Videla había dictado para el jefe del servicio local del EPEN, Javier Abraham, y el presidente de la empresa Codistel, Walter Luzzardi, quienes habían sido imputados del supuesto delito de defraudación contra la administración pública. En consecuencia, la causa sigue adelante.

Fuentes judiciales informaron esta mañana que el fallo fue dividido porque uno de los tres camaristas votó por confirmar el sobreseimiento, pero la mayoría resolvió hacer lugar al recurso de apelación que interpuso en junio pasado el fiscal Juan Pablo Balderrama.

Videla había dictado el sobreseimiento a principios de junio pasado porque consideró que en base a los testimonios y pruebas recolectadas no se configuró el delito por el que habían sido imputados.

Para el juez no fue probado en ningún momento que Abraham se haya puesto de acuerdo con Luzzardi para defraudar al Municipio.

Además, observó que sólo en algunos casos firmaba Abraham los informes relacionados con la cantidad de medidores que era la variable de ajuste que se había acordado en el contrato para que la Municipalidad pague a Codistel por el servicio de recolección y tratamiento de los residuos. Para Videla hubo negligencia de la Municipalidad en el control de la relación contractual.

Argumentos de la apelación

Balderrama recordó en la apelación que “se les atribuyó a los imputados que durante la vigencia del Contrato de Locación de Servicio firmado con fecha 29 de agosto de 2003” entre Codistel y la Municipalidad para que la empresa preste el servicio de recolección y tratamiento los residuos, se estableció como pauta de reajuste el cálculo siguiente: “los días 30 de junio y 31 de diciembre de cada año se solicitará al Ente Provincial de Energía del Neuquén, un informe respecto de la cantidad de medidores de luz habilitados en la localidad de Villa La Angostura, disponiéndose que por cada habitante que exceda el 20% de la población original, el incremento en el costo del servicio sería de $0,90 centavos, estipulándose al 1/1/1998 la cantidad de 1884 medidores”.

El fiscal señaló que Luzzardi “durante el período julio a diciembre del año 2006 defraudó a la Municipalidad de Villa La Angostura, al momento de presentar la facturación mensual correspondiente a cada uno de los períodos aludidos –de acuerdo a facturación adjunta-, valiéndose de la cooperación del Sr. Javier Abraham, quien en su calidad de Jefe del Servicio Eléctrico del Ente Provincial de Energía del Neuquén emitió un informe de fecha 2 de agosto de 2006 donde falsamente hiciera saber que la cantidad de medidores a julio 2006 en esta localidad era de 4218 aproximadamente (cuando conforme informe Epen Villa La Angostura del 30/06/2006 era de 3511, y de acuerdo al informe de Epen Central a 31/12/2006 era de 3762); provocando así un error en la administración pública…”

Para el fiscal esa maniobra generó “perjuicio al erario público de la Municipalidad” por un total determinado mediante la correspondiente pericia contable en $68.906,62, comprensivo del período julio-diciembre del año 2006.

Examen pericial

Balderrama advirtió en la apelación que el juez “desconoció el examen pericial que arroja por tierras las manifestaciones del sospechado Abraham desconociendo su participación en la confección del informe cuestionado por esta Fiscalía”.

“En el caso de autos hay elementos suficientes como para afirmar la idea de una coautoría entre ambos sospechados, uno de ellos elaborando un informe con datos falsos, a sabiendas de que era utilizado por el segundo de ellos para ser presentado ante el Municipio de Villa La Angostura, y que dicho informe era tomado como pauta para elaborar la facturación por el servicio de recolección de residuos de la Municipalidad local”, afirmó el fiscal en la apelación.

Y agregó: “Valiéndose el sospechado Luzzardi del informe engañoso, para ocasionar en las autoridades del municipio local el error al momento de la liquidación y pago por el canon del servicio que éste prestaba. Disposición dineraria que ocasiona un perjuicio patrimonial al estado municipal, pues se pagó de más por un servicio no prestado”.

Por eso, solicitó que se revoque el sobreseimiento dictado por el juez Videla a Abraham y Luzzardi.