La audiencia, realizada en el Juzgado Correccional local, fue en el marco del proceso judicial por la presunta realización de abortos en un consultorio local y encabezado por la doctora Cecilia Desiata. Las causas son "aborto en grado de tentativa en concurso real con ejercicio ilegal de la medicina" y "abortos reiterados en concurso ideal con ejercicio ilegal de la medicina".

Se resolvió, de acuerdo a lo que se confió a EL POPULAR, que las imputadas a modo de resarcimiento realicen un desembolso de dinero en beneficencia para distintas entidades locales, además de distintas pautas de conducta que deberán acatar por el lapso de dos años.

Las acusadas, Mónica Raquel Moyano -viuda del ginecólogo fallecido Norberto Borzi y madre del funcionario municipal Ramiro Borzi, responsable del área de Salud del gobierno municipal- y Ana María Leal, se comprometieron a entregar una suma de mil pesos a Talleres Protegidos y el Hogar de Niñas San José, respectivamente.

Además, ambas deberán cumplir distintas pautas de conducta por el plazo de dos años, tal cual lo estipula el artículo 27 bis del Código Penal. Es decir, "fijar residencia y someterse al cuidado de un patronato; abstenerse de concurrir a determinados lugares o de relacionarse con determinadas personas; abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas; asistir a la escolaridad primaria, si no la tuviere cumplida; realizar estudios o prácticas necesarios para su capacitación laboral o profesional; someterse a un tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia; adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a su capacidad y realizar trabajos no remunerados en favor del Estado o de instituciones de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo".

El hecho

Se trató de la presunta realización de abortos en una consultorio ubicado en el microcentro de la ciudad. Si bien fue el saldo de meses de investigación, el caso salió a la luz de forma pública a raíz de un allanamiento que se efectivizó en ese sitio en abril de 2012, con el secuestro de múltiples elementos y la aprehensión de dos personas.

Sin embargo, el correr de los meses y la continuidad de la instrucción de la causa, encabezada por el doctor Martín Pizzolo, hizo que prosperaran algunas acusaciones pero que otras quedaran en el camino, principalmente aquellas más graves.

Cuando el fiscal formuló la elevación a juicio de la causa tuvo como respuesta por parte del juez de Garantías, el doctor Carlos Villamarín, que el delito más grave que se le imputaba a las acusadas había sido desestimado. Se trató puntualmente de la presunta realización de un aborto sin su consentimiento a una adolescente.

Caso contrario se dio con las otras acusaciones, las cuales comprenden de expectativas de pena mucho menores, lo cual derivó en que todo se dirima en la Justicia Correccional y, más aún, con la aplicación de una probation ante la falta de antecedentes de las imputadas.