A pesar de que una de las más resonantes promesas de campaña fue la de llamar a concurso los cargos vacantes y promover una Junta de Ascensos y Calificaciones transparente que evaluase por igual a todos los concursantes para elegir al mejor; en la práctica, esto no ocurre. Dentro de la Junta, liderada por la persona de confianza de Arturo Rojas, Marcela Gandur, se encuentra personal de la Secretaría de Salud que también es aspirante a por lo menos uno de los cargos que se concursan, en una flagrante violación a la Ley de Procedimiento Administrativo, con la venia de la gestión Rojas-Kalle.

En enero de este año la candidata a concejala @ruth_kalle inició el expediente 424/21, en el que intentó nombrar en cargos jerárquicos a seis empleados y empleadas simpatizantes de Rojas y su equipo, empresa que quedó trunca luego de que varios trabajadores denunciaran la maniobra. Fue así cuando el intendente intentó lavar la reputación de su gestión, y sacó a flote la antigua promesa: puso a Kalle y a la Secretaría de Legal y Técnica a trabajar en un concurso para cubrir esos cargos.

De acuerdo a las denuncias, la “operación concurso” es fraudulenta, e intenta legitimar en los cargos a los mismos agentes que ya estaban tratando de nombrar en enero, ya que, además, a excepción del área de Educación, no se llamó a ningún examen para cubrir las vacantes por jubilación de la Secretaría de Gobierno, a cargo del candidato a concejal Jorge Martínez. Esas vacantes ya fueron ocupadas por agentes “a dedo”, e incluso se crearon cargos jerárquicos en el presupuesto 2021 para “nombrar a los amigos”. Algo similar ocurrió en la Secretaría de Obras Públicas.

Entre las numerosas irregularidades del concurso de Salud, los trabajadores denuncian que no existió la grilla de puntuación habitual ni las bases correspondientes, que no fueron notificados en domicilio constituido citándolos para rendir las diferentes etapas, que nunca se les dio una devolución del examen escrito ni del proyecto presentado, y que los miembros de la Junta no son idóneos para calificar las tareas de enfermería, de Bromatología e Higiene o de las labores de corte presupuestario del área de Salud, entre otras.

“El concurso no está ajustado a derecho, y fue impugnado por aspirantes al cargo que entienden que se están vulnerando sus derechos”, manifestó un concursante, “pero el gobierno de Rojas hace caso omiso a los recursos presentados, lo que acarrea que, vencidos los plazos, el tema termine en instancia judicial”.

El problema, al final, es que los juicios de la Municipalidad los termina pagando el contribuyente en lugar de los funcionarios, que en el ejercicio de sus cargos proponen y ejecutan maniobras que no se atreverían a hacer si se tratase de una empresa de su propiedad.