El ministro de Producción, Juan José Bellón, junto al secretario de Agricultura y Ganadería de La Rioja, Jorge Salomón, se reunirán en el transcurso de esta semana para encarar acciones conjuntas por la crisis olivícola.

En tal sentido, el Gobierno riojano solicitó a Catamarca una copia del decreto de declaración de emergencia en el sector olivícola, el cual atraviesa una fuerte crisis económica –por la baja rentabilidad del sector- desde hace varios años. Es que, pese a algunas cosechas buenas, los precios de mercado quedaron estancados y los insumos fueron en aumento progresivamente.

Con algunas similitudes territoriales y climáticas, Catamarca y La Rioja buscarán consensuar un planteo uniforme que luego se llevará a Nación.

La movida se enmarca, entre otras cosas, en la asistencia de la Nación a productores frutícolas de Río Negro. (Ver aparte)

“Me llamaron de La Rioja porque en la Nación ya son conocedores del decreto del Gobernador (sobre la emergencia olivícola), así que le enviamos una copia a la provincia. En el transcurso de esta semana nos juntamos con el secretario de Agricultura y Ganadería de La Rioja (Jorge Salomón) para analizar los alcances del decreto para trabajar en forma conjunta”, manifestó Bellón a El Ancasti.

Respaldo económico

De esta forma, ambas provincias estudiarán una estrategia, ante el Gobierno nacional, que les permita oxigenar al sector olivícola.

“Consideramos que podemos realizar igual solicitud por Catamarca y La Rioja. Las dos provincias podríamos encarar esta gestión”, señaló expectante Bellón.

A su vez, el funcionario indicó que, independientemente del subsidio nacional, los empresarios agrupados en la Asociación Olivícola de Catamarca (ASOLCAT), solicitó una prórroga para la devolución del IVA. “Es que algunos proyectos deberían hacerlo a partir del año que viene. También se pide una mayor flexibilización de los bancos para obtener créditos", concluyó.

Un subsidio por $40 millones

Días pasados, la presidenta Cristina Fernández otorgó un subsidio de 40 millones de pesos al sector frutícola del Alto Valle de Río Negro, que había sido comprometido por la Nación en pleno conflicto de los productores afectados por la baja rentabilidad y los reclamos salariales de los gremios de cosechadores y empacadores, que a mediados de enero paralizaron la actividad con tractorazos y movilizaciones en toda la región.

El conflicto sindical había pegado fuerte en toda la actividad y fue motivo de largas reuniones.